HELMER GONZÁLEZ
LA PATRIA | MANIZALES
Francisco López y Ómar Gaspar soportan los cerca de 35 grados de temperatura en el Kilómetro 41, en la vía Manizales-Medellín, mientras echan medidas en el suelo.
Afirman que es para mejorar el suministro de agua en la invasión Potrerillo, porque las redes actuales no cubren a todos los usuarios que ocuparon, hace dos años, el terreno de la antigua hacienda que fue propiedad de Roberto Escobar Gaviria, exintegrante del cartel de Medellín, y que pasó a la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Hace un año se inició un proceso judicial para desalojarlos, pero nadie se inmuta. No es solo porque el calor aquiete los ánimos sino que en realidad se notan convencidos de que lograrán que el Gobierno formalice esa zona, que fue dividida en 375 lotes.
Modos de vivienda
De los primeros hilos que tendieron el 11 de julio del 2013 surgieron paredes, habitaciones, antejardines, cultivos y calles. Aunque los materiales son artesanales: esterilla, guadua, plástico y tejas de cinc, a diferencia de hace dos años, se puede decir que ya hay poblado.
Ayer se encontraron tres tiendas, pero los habitantes dicen que hay al menos cinco. La más visible se llama El Mango y la atiende Uriel Castrillón. La invasión comenzó a sectorizarse hasta el punto que los que viven al borde de la carretera ni cuenta se dan de lo que sucede en las casas que quedan más adentro.
María Alexis Escobar llegó al día siguiente de la ocupación del terreno. Hoy muestra con orgullo la casa humilde que logró levantar y se atreve a asegurar que esas viviendas y el terreno son de los invasores. «Si nos metimos aquí fue por necesidad», manifestó.
La necesidad, al parecer, no ha sido suficiente justificación para algunos, porque en los últimos meses están cediendo lotes y vendiendo terrenos, entre otras situaciones particulares. Miguel Ángel Echeverri, de 85 años, habita en una casa de dos plantas, pero afirma que no es de él sino que se la cuida a la dueña, quien a su vez paga arriendo en otro lugar del Kilómetro 41.
Tejidos por la invasión
Los 375 lotes en que fue dividida la hacienda cuentan con servicio de acueducto y parcialmente con energía y alcantarillado.
Álvaro de Jesús Villada está recién llegado a la invasión. Aunque dice que ocupó su lote cuando llegaron todos, solo hasta estos días pudo construir por los altos costos de los materiales. Con él viven cuatro personas, entre ellas dos nietos.
Ayer el caserío estaba algo desolado. Sus habitantes trabajan sobre todo en la agricultura y la pesca. Es innegable que cada vez son más los ocupantes del terreno, lo que contrasta con las decisiones de la justicia que lleva un año ordenando el desalojo, pero los invasores también se han movido en esos terrenos, pese a que han perdido tutelas para evitar que los saquen.
Silvia Loaiza está entre los líderes de la invasión. Asegura que nada sabe del proceso de desalojo. Ese asunto tampoco le preocupa a Pedro Nel Moreno, un vendedor de límpido que él mismo prepara y lo vende puerta a puerta. Sus principales clientes son los vecinos de la invasión.
, por lo contrario, cada vez se sienten más seguros de que se quedarán allí y tendrán sus casas legalizadas.
Tutelas y acciones
Los recursos jurídicos interpuestos por los invasores de Potrerillo han sido resueltos en su contra. Sin embargo, aún no se dan por vencidos y quedan más por tramitar.
La orden de desalojo fue confirmada por el Consejo de Estado el 5 de agosto del 2014. Pese a eso, los moradores de la hacienda celebraron los dos años de invasión el pasado 11 de julio.
La petición de los habitantes, que con el tiempo se va volviendo exigencia, es que los dejen vivir en Potrerillo o que los reubiquen. Proponen que el Estado le ceda el terreno a la Alcaldía de Manizales para que titule los predios. Sin embargo, en varias oportunidades las autoridades locales han anunciado que están prestas a ejecutar el desalojo con la Sociedad de Activos Especiales (antes Dirección Nacional de Estupefacientes -DNE-), que es la encargada del predio.
La Defensoría del Pueblo también actúa como garante de derechos. La DNE se reunió solo en un comienzo con los habitantes.
Aún falta resolver una acción popular interpuesta por representantes de los invasores en junio del año pasado. La siguiente audiencia, para buscar un pacto de cumplimiento, debía cumplirse el próximo 11 de agosto, pero apareció Javier Elías Arias Idárraga, conocido como el cazademandas. Así lo indicó Moisés Gallego, vocero de los invasores. «Fuimos a confirmar la fecha de la audiencia y nos dijeron que Javier Elías se había metido a coadyuvar en la acción». Esta situación llevó a que el Tribunal Administrativo elevara una consulta al Consejo de Estado.
El caso está en manos del magistrado Carlos Manuel Zapata Jaimes.
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