MARGARET SÁNCHEZ
LA PATRIA | MANIZALES
Dos de cinco tutelas interpuestas por los ocupantes de la hacienda Potrerillo (Kilómetro 41), que frenaron la orden de desalojo, fueron negadas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Caldas.
En las acciones, María Esmeralda Tabarquino y Andrés Mauricio Londoño solicitaban que la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) suspendiera el desalojo de las 375 familias que ocuparon el sitio desde el pasado 11 de julio. Además, que la Alcaldía de Manizales y la Caja de la Vivienda Popular los incluyeran en un programa de reubicación o de vivienda gratuito para ser trasladados.
Los magistrados Augusto Morales Valencia y William Hernández Gómez, de la Sala de Decisión, determinaron: "el desalojo ordenado no es producto de la arbitrariedad ni del capricho de funcionarios de la Alcaldía de Manizales, sino del cumplimiento de las garantías que debe brindar el Estado de la propiedad, sin que la función social que le es inherente a esta legitime la invasión, la expoliación ni el apoderamiento por mano propia". (ver recuadro El fallo).
Reacciones
Al conocer el fallo del Tribunal, los accionantes declararon que van a impugnar ante la Corte Suprema de Justicia: "Todavía estamos relajados, vamos a esperar qué pasa con las otras tres tutelas; igual ya impugnamos las primeras negadas", manifestó Francisco Ballesteros, líder de los ocupantes de Potrerillo.
Moisés Gallego, asesor de los accionantes, ratificó que están en desacuerdo de la decisión del Tribunal. Agregó que mañana o el viernes darán el resultado de otra de las tutelas y las dos restantes se definirán la próxima semana, ya que les tuvieron que hacer correcciones.
Paula Andrea Sánchez, secretaria de Gobierno de Manizales, dijo que todavía no han sido notificados: "No conozco el fallo, así que no puedo pronunciarme".
Estafados
María Esmeralda Tabarquino, junto a los demás accionantes, reclaman que fueron estafados por Sorany Franco Pérez, quien durante mucho tiempo se declaró administradora de la hacienda Potrerillo. Con ella firmaron un comodato por 40 años para utilizar un predio de 10 metros de ancho por 10 de largo para construir.
El fallo
Los magistrados Augusto Morales Valencia y William Hernández Gómez de la Sala de Decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Caldas negaron la acción de tutela a los ocupantes de la hacienda Potrerillo basados en las respuestas de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), la Alcaldía de Manizales y la Caja de la Vivienda Popular. Estos fueron sus argumentos:
* El inmueble es de propiedad de la DNE desde el 2004 cuando lo incautó a Roberto Escobar alias El Osito, es decir que es un bien del Estado, y es su obligación velar por su protección y evitar su ocupación irregular.
* Los miembros de la comunidad al ser notificados de la orden de desalojo el 23 de julio de este año, tenían conocimiento de la situación del predio que ocupaban.
* En el 2011 la DNE desalojó a las personas que en su momento ocupaban Potrerillo, quienes salieron de manera voluntaria. También fue desalojada Sorany Franco Pérez, que tampoco tenía un justo título del terreno.
* No encuentran violación al debido proceso ya que la DNE tenía plenas facultades policivas para efectuar el desalojo a través de los entes correspondientes. Los ocupantes fueron notificados de manera correcta por las inspecciones Quinta, Séptima y Novena.
* Los accionantes sostienen que carecen de recursos para acceder a una vivienda, pero la Sala de Decisión no puede desconocer los derechos del Estado para administrar sus bienes, y más si existen otros medios a través de los cuales pueden acceder la población en vulnerabilidad.
* Apuntan, además, que los ocupantes no han solicitado ningún tipo de ayuda para acceder a una unidad habitacional en la Caja de la Vivienda Popular y que no se encuentran inscritos a ninguno de los programas que tiene el Estado para esos propósitos.
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