Noticias de Manizales y Caldas,
Diciembre 01 2024
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Diciembre 01 2024
"Los veinte cuadernos que hoy componen el expediente no hablan de una investigación organizada y sistemática para engranar los distintos actores que arriesgaban la vida de Nelson Carvajal, sino intentos frustrados de adelantar con hipótesis con indagación suficiente, que una vez fracasaban por la deficiencia de la gestión, eran remplazadas por otras hipótesis previamente desacreditadas por la propia Fiscalía".
Este párrafo describe perfectamente el origen de la impunidad en nuestro país. El desorden administrativo, la falta de una eficiente policía judicial y la carente consistencia en los argumentos de la Fiscalía para sostener las hipótesis. La conclusión la saca el abogado Guillermo Puyana, autor del libro Libertad de Expresión, en un peritaje que presentó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en agosto del año pasado. Este organismo conoce del caso en el que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la organización Robert F. Kennedy Human Rights y la Flip intentan que se reconozcan los errores que el Estado cometió en este procesos. Los mismos, que el Gobierno ha intentado desconocer.
Con la presidenta de Consejo de Redacción, Ginna Morelo, pude adentrarme en los detalles del proceso del asesinato de hace 20 años en Pitalito (Huila) contra el periodista Carvajal cuando preparábamos un informe sobre impunidad en crímenes contra periodistas en Colombia, a solicitud del Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys). Este quedó impune como es la constante en los crímenes contra periodistas en Colombia.
En medio de la lectura de folios y folios, le dije:
- Esto es un dejà vú.
- ¿Por qué?- Me preguntó.
- Porque es exactamente lo que pasó con el caso de Orlando durante los primeros 10 años.
Al leer el peritaje de Puyana, que da cuenta uno a uno de los errores en la investigación y en los procedimientos judiciales en el caso de Carvajal, equivale en buena medida a las conclusiones que sacó con el también abogado Rodrigo Uprimny del proceso por el asesinato de Orlando Sierra, en donde hubo todo tipo de abusos interpretativos de las normas penales y de procedimiento penal.
Pero no es solo eso, el cambio de fiscales que conocieron los casos, la cantidad de investigadores durante el proceso. A mí me indignaba cuando se aparecía un nuevo investigador a preguntarme lo mismo que ya había dicho a otros tantos años antes y a pedirme las mismas copias de los artículos de Orlando, que ya otros habían solicitado.
Cuando llegaban a sorprenderse por la total vulnerabilidad de los testigos, era muestra de que apenas se estaban informando. En la mayoría de los casos no habían hecho nada por enterarse de la política comarcana y menos de Orlando Sierra.
Esos errores se repiten en los casos de asesinatos contra periodistas, los que más he estudiado, pero seguramente en cantidad de crímenes que se cometen en nuestro país. En Caldas, al menos de unos 30 casos que he mirado en detalle de crímenes aparentemente políticos, todos terminan impunes, por situaciones similares a las que describo.
De error en error
Entre abril y agosto de 1998 el expediente de Nelson Carvajal ya había tenido tres fiscales distintos. Esa falta de continuidad, sumada a que cuando asumían no dirigían la investigación, como era su obligación, llegó a extremos como que quien instruía no era el mismo que sustentaba recursos ante el juez. De esta manera se abrían boquetes que eran fáciles de vulnerar por los abogados de los procesados.
Se presentaron grandes pausas -de años- entre una actuación y otra con lo que se pierde el hilo de la investigación.
Las indagaciones preliminares condujeron la investigación el camino errado.
"La falta de dirección de la investigación desde sus comienzos impidieron filtrar la información disímil que entregaban los testigos, orientar las labores de policía judicial para evitar judicializaciones innecesarias que al cabo de seis meses terminaban en preclusiones", como lo determinaba la norma vigente entonces.
Puyana y Uprimny, en el estudio del proceso que se siguió con el asesinato del subdirector de La Patria, Orlando Sierra Hernández, detallaron problemas que permiten identificar factores comunes que conducen a la impunidad en Colombia en crímenes contra periodistas.
El principal fue cómo el sicario que acabó con la vida de mi jefe en el 2002 recibió beneficios a los que ni siquiera tenía derecho, porque nunca colaboró con la justicia, nunca dio luces sobre los autores materiales, nunca aceptó que Sierra fue asesinado por cuenta de otros y no porque lo confundió como inicialmente dijo. Pagó menos de seis años, de los 18 a los que fue condenado, para volver a sus andanzas sicariales y ser dado de baja en unos hechos muy confusos en Cali.
La justicia es la mayor responsable de la impunidad en nuestro país. Es evidente en el asesinato de periodistas. Ni hablar de las amenazas, que nunca se investigaron. El caso de matador es un oasis en el desierto de la impunidad.
Fiscales, investigadores de policía judicial y jueces cargan sobre sus hombros la responsabilidad por la impunidad. Y el ciclo se repite en nuevos episodios violentos contra la prensa.
Vale la pena que los jueces y fiscales se enteren de estos estudios que muestran el desdén de muchos funcionarios por las responsabilidades que les corresponde, para que no se sigan repitiendo los mismos errores entre uno y otro crimen. Eso ayudaría seguramente a bajar la impunidad y mejorar los índices de justicia, tan cuestionados.
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