Es indiscutible la polémica desatada en todos los sectores, por el actual proceso de paz. Principalmente lo acordado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP en La Habana Cuba, el pasado 23 de junio de 2016, que para mayor precisión podríamos revisarlo en el comunicado conjunto #76. Pues aún no se ha fijado la fecha definitiva para finiquitar estas negociaciones y se empiecen a materializar uno a uno los puntos que se exponen en dicho documento.
Aunque hay muchos escépticos que no creen en el restablecimiento de la democracia y la paz; no podemos negar que nos encontramos frente a un momento histórico, un paso muy pequeño en el largo camino que nos espera; porque todo proceso requiere tiempo, especialmente uno tan complejo como al que nos enfrentamos, en esta dirección debemos preparar nuestra bitácora porque se avecinan dinámicas socio-culturales y económicas, muy interesantes que son motivo de preocupación y profundo análisis.
¿Pero qué tanto sabemos los colombianos sobre nuestro conflicto armado interno?
Son más de cinco décadas de conflictos y violencia por cuenta de la desigualdad, y la ambición de poder en un país lleno de riquezas, con graves problemas en el uso del suelo y la distribución de las tierras, donde está por consolidar una reforma agraria, aspecto que ha desencadenado en una serie de problemáticas que hoy atestiguamos.
Si pensamos en contexto, fue en el año de 1982 durante el tortuoso gobierno de Belisario Betancourt que inician los primeros diálogos de paz con un grupo insurgente en la historia de la nación, aspecto que trazó un camino en las primeras desmovilizaciones, y en la creación de programas pensados para atender a las personas que se reintegraron a la vida civil, empero el incumplimiento de la “tregua”, condujo a la gran hecatombe social e institucional, acaecida el 6 de noviembre de 1985.
Procesos que continuaron bajo la administración de Virgilio Barco. En síntesis los movimientos más conocidos que dejaron las armas en este lapso de tiempo fueron: el M-19, E.P.L, Quintín Lame, Partido Revolucionario de los Trabajadores, y la Corriente de Renovación Socialista. Y donde según estadísticas de la época, alrededor de cinco mil combatientes entre hombres y mujeres se reincorporaron a la vida civil. ¿Pero cuantos lograron encontrar estabilidad laboral en las selvas de cemento? o ¿Cuántos volvieron a tomar las armas para delinquir? Ya en el mandato de Cesar Gaviria Trujillo, donde nació la constitución de 1991, atestiguamos crímenes contra la risa, y la prensa; enfrentamientos, entre ejército, guerrilla, paramilitares; narcotraficantes, bandas criminales, grupos armados ilegales, delincuencia común, entre otros, que al no saber hacer otro oficio persistieron en la lucha armada que heredamos, y que para muchos, en pleno siglo XXI, está a punto de culminar.
No cabe duda que hemos evolucionado, aunque el amarillismo que nos circunda pretenda vendarnos los ojos, para que solo nos fijemos en lo negativo. Claro que nos falta mucho sentido de pertenencia y disciplina para empoderarnos como ciudadanos del tesoro que poseemos, y comprendamos de una vez por todas que papel ha jugado la guerra, desde la “independencia” en la construcción del joven Estado colombiano; que para muchos es un territorio plagado de señores de la guerra que velan únicamente por los intereses de su negocio sin tener en cuenta al demos.
Pero a propósito: ¿Qué se acordó el 23 de junio de 2016 en La Habana Cuba?
Aunque este interrogante suscita numerosas tesis, saquemos nuestras propias conclusiones frente a los puntos más cruciales, acordados el pasado 23 de junio, entre el Gobierno y el Secretariado:
*En primer lugar se hace necesario un cese al fuego bilateral y de hostilidades, que culmine con la dejación de armas. Acto seguido ambas partes se comprometen a brindar garantías de seguridad y de lucha contra las organizaciones criminales, sucesoras del paramilitarismo que sean responsables de los homicidios, masacres, entre otras modalidades violentas, que vulneren los derechos humanos de los movimientos sociales, políticos; creando redes de apoyo, que persigan las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de paz. En esta dirección se busca crear un consenso nacional entre los sectores políticos, económicos, sociales, que garanticen un ejercicio de la política donde prevalezcan los valores de la democracia, el libre juego de las ideas con un debate civilizado, donde no haya espacio para la intolerancia y la persecución por razones políticas.
*Otro aspecto está relacionado con las 23 zonas veredales de normalización y los ocho campamentos, que albergarán a los desmovilizados. Por eso en el presente acuerdo el Gobierno Nacional y FARC-EP han solicitado al secretario general de la Organización de Naciones Unidos que se pongan en marcha de inmediato los preparativos necesarios para el despliegue de una misión política especial, para avanzar en la ejecución del mismo. Sin embargo acá lo esencial es que se cumplan los compromisos entre ambas partes, porque aún hay muchos flecos, para que a más tardar a los 180 días, una vez refrendado el acuerdo final, se entreguen en su totalidad las armas, que se emplearan para realizar tres monumentos con dicho material bélico.
Pero realmente ¿Estamos preparados los colombianos para asumir la reinserción de los combatientes de las Farc-EP? Y ¿Cuál es el plan que tiene el gobierno nacional para brindar educación a los reinsertados que lo soliciten?
El universo de los desmovilizados es más amplio de lo que podemos imaginar, primero no todos están de acuerdo con dejar las armas, porque en los grupos insurgentes también hay disidencias y desigualdad; no todos son analfabetas, existen bachilleres, y otros que cuentan con formación tecnológica y superior, desempeñando diversos roles.
Según fuentes suministradas por el Ejército Nacional: se estima que la cifra actual de guerrilleros es cercana a los 22.000, de los cuales 17.000 pertenecen a las FARC-EP. De acuerdo con la Agencia Colombiana para la Reintegración (A.C.R) entre el 2002 y el 9 de mayo de 2016 se desmovilizaron 57.923 ilegales, la mayoría miembros de las autodefensas, como podemos observar son muchas personas sin contar las que vienen.
*Pensando en esto el Gobierno Nacional en sintonía con el Ministerio de Educación, ha planteado las siguientes estrategias, para llevar a cabo el proceso de reintegración de los excombatientes a la vida civil:
El objetivo principal de dichos puntos, es contribuir a formar un proyecto de vida en los excombatientes, aportando a la construcción de paz, al trabajo de convivencia, al diálogo, a la inserción al mundo laboral, al fomento del género, y de la equidad. Lo anterior suena interesante. Sin embargo quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar con comunidades vulnerables ejerciendo en zonas de difícil acceso, somos testigos que existen muchos problemas de hacinamiento en las instituciones, y además estructurales porque los modelos educativos que se emplean en nuestro país no cubren las necesidades reales de las comunidades, aspecto que se refleja en los resultados, y en la apatía de los estudiantes que no quieren estudiar ni proponen. Pero resultan fácilmente seducidos por los microtraficantes. ¿Imaginemos el impacto en las diferentes instituciones del país cuando comiencen a llegar estos jóvenes a educarse en un sistema con tantas problemáticas?
Uno de los obstáculos, la discriminación
La sociedad colombiana deberá absorber a los insurgentes que dejen las armas en caso de firmarse un acuerdo, así lo dijo el negociador del gobierno en La Habana, Humberto de la Calle. Por eso debemos escudriñar en nosotros mismos y determinar qué grado de tolerancia tenemos como padres de familia, profesores, conciudadanos, y empresarios, frente a la idea de que los reinsertados estudien o ingresen al mundo laboral.
Porque en esta población objetivo existen muchas personas que no quieran estudiar o trabajar por temor a ser rechazados, lo que podría ocasionar conflictos y violencia en diferentes niveles, debido a que es tan grande el estigma que si ocurre algo negativo en una institución el primer sospechoso seria el desmovilizado.
Arturo de Charria, asesor de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación aclaró: “El riesgo grande es que delincan otra vez. Si la opción educativa no los convence de que es un proyecto de vida sólido y real a largo plazo, probablemente serán vulnerables de vincularse a otros grupos armados ilegales que quieran reclutarlos”.
Estoy de acuerdo con muchos académicos y profesores que cuentan con amplia experiencia en la resolución pacífica de conflictos y conocen las zonas, al proponer que antes de importar modelos exitosos en el tema de la reconciliación, hay que analizar primero si estos aplican, pues cada región tiene una idiosincrasia propia, acá es preciso aplicar el modelo Etnoeducativo. De esta forma estas iniciativas pueden complementarse con experiencias internacionales, aunque la tarea más urgente del estado es intervenir los territorios que se presentan como repúblicas independientes, para dialogar con los maestros y las comunidades que han desarrollado una labor invisible, para entender como han tratado estos asuntos, escuchar sus historias de vida, estudiar las propuestas, sistematizarlas y ponerlas en práctica.
Este es un momento coyuntural en nuestra historia, donde los ciudadanos debemos sumarnos al plebiscito, plantear propuestas encaminadas a fortalecer los actuales diálogos de paz, encabezados por el presidente Juan Manuel Santos, que pese a las críticas marcan un precedente. Lo anterior no significa que bajemos la guardia, porque la maldad es una realidad y aún existen grupos que persisten en la lucha armada. Por eso en este proceso no solo deben hacer presencia las víctimas, y los negociadores, también debemos participar de la mesa de negociaciones en La Habana (Cuba) todos los colombianos…
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