HELMER GONZÁLEZ
LA PATRIA | MANIZALES
Lina (nombre cambiado), una enfermera forzada a permanecer con los paramilitares, aún llora cuando relata el momento en el que huía, movida por la única esperanza de reunirse con sus hijos. Ellos vivían en un municipio de Risaralda.
Recuerda que un médico de la clínica donde ella trabajó la invitó a atender unos pacientes por fuera. Aunque le pareció extraño lo acompañó, salieron de la zona urbana y pasaron por dos municipios. Se hizo de noche. Se bajaron en un lugar custodiado por hombres armados y luego de una hora de caminata hallaron a los pacientes, se trataba de combatientes con heridas de balas. En ese momento se dio cuenta de lo que ocurría y en lo que estaba metida.
Se limitó a hacer lo que le ordenaba el médico y lo que sabía según su experiencia, porque para eso la habían llevado. Corría el año 2001. Por sus servicios recibió de manos del comandante un millón de pesos. No tenían necesidad de decirle que debía guardar silencio, pero de todas maneras se lo advirtieron.
Pasado un tiempo, el mismo médico le propuso el mismo trabajo. Reconoce que pensó en el buen pago que recibió la primera vez. De nuevo hombres heridos, curaciones y suturas realizadas.
Ese día no volvió con el médico. Este le dijo que iba para otro lado y que regresaría en uno o dos días, pero jamás lo volvió a ver. Así comenzaron tres años de horrores, como los califica.
Vio morir a muchos, matar a otros, sangrar a muchos más y, finalmente se sumergió en las filas porque todos debían recibir instrucción militar. Su condición no la excluía. Esa era su vida con los paramilitares. Dice que jamás la dejaban sola. A donde fuera la escoltaban. Experimentó los tratos crueles y las amenazas contra ella y su familia en caso de que escapara.
La llevaron a varias regiones, entre ellas a los Llanos Orientales. Le habían permitido atender partos en poblaciones dominadas por esos grupos. Así comenzó a planear su escape. Era un día de julio del 2004 cuando la llamaron porque había una mujer a punto de dar a luz en un caserío casi fantasma.
Estaba cerca de la base paramilitar. El comandante la dejó ir con la condición de que volviera antes del atardecer. Los dos acompañantes se dedicaron a otras actividades y la dejaron sola. El parto fue rápido y ella solo le echó una mirada a la abuela del recién nacido y comenzó a caminar, a alejarse, por momentos corría.
“Sentía que ya me alcanzaban”. Llegó a una población donde había policía. Pidió ayuda y rápido se conectó con la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR). En la sede en Manizales de la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV), conocieron en días pasados casos de excombatientes que buscaron ayuda por diferentes razones, unas veces por amenazas que les impiden reiniciar una vida normal, pero otras, solicitando orientación.
Entre los muchos aspectos por tener encuenta en el proceso de reintegración de excombatientes de grupos armados ilegales, la reintegración psicosocial es fundamental.
José Luis Medrano es psicólogo clínico de la ACR Regional Eje Cafetero. Resalta que el modelo de atención de la institución, encargada del proceso de reinserción social de combatientes de grupos armados ilegales, se basa en el desarrollo humano.
Explica que las personas son seres con activos y potencialidades. Lo que realiza la agencia durante la atención psicosocial es incrementar los activos y reorientar lo que esté mal configurado. En promedio, el proceso con cada excombatiente dura seis años, en los que una vez al mes se encuentran para reforzar el tratamiento terapéutico.
Según Medrano, en la región concluyeron su paso por la ruta de atención 640 personas desmovilizadas, mientras que otras 500 permanecen en la misma. Reconoce que es grande el reto que se viene con la firma del acuerdo final en La Habana, pero garantiza que la ACR cuenta con la experiencia para recibir a esos desmovilizados. Aclara que en algunos casos se requiere un tratamiento especial. “La guerra afecta física y psicológicamente al sujeto. A veces es tan grave que impide la resocialización, pero los progresos en la mayoría de casos es notable”.
En este sentido, indicó que se necesitará la corresponsabilidad de varias instituciones, entre ellas las redes públicas de salud, para que en los casos más graves la ACR pueda remitirlos a centros especializados. Sin embargo, recordó que involucrarse en la ruta de atención a desmovilizados es un acto voluntario del desmovilizado.
José Luis Medrano citó un informe de la Universidad de Columbia publicado en el 2014, según el cual el porcentaje de desmovilizados reincidentes en actos delictivos es el 24%, es decir que el 76% se mantiene en la legalidad. Los hechos en los que se ven involucrados los reincidentes se relaciona con tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, principalmente.
Se trata de un resultado contrario a lo que sucede con la población carcelaria, en la que el 75% es reincidente, anotó el psicólogo. Por último manifestó que la inversión real en reintegración social es de seis millones por desmovilizado, mientras que en las cárceles es de 15 millones por recluso.
1 Personal
Se aborda la dimensión más íntima del desmovilizado, las habilidades y fortalezas.
2 Familiar
Se trata del anclaje para mantener a la persona en la legalidad. En caso de desconocerse el paradero de la familia la ACR ayuda a ubicarla.
3 Productividad
La ACR explora los perfiles y experiencia que en este campo tengan los desmovilizados.
4 Educación
Este es un factor trascendental de civilidad. La meta de la ACR es que los reintegrados cursen el bachillerato completo.
5 Salud
En este aspecto se informa a los desmovilizados sobre el sistema de salud, las modalidades (contributivo y subsidiado) y la movilidad.
6 Seguridad
Se trata del autocuidado, de explorar y ubicarse en el lugar de residencia sin correr riesgos y ser prudentes en sus conversaciones.
7 Ciudadanía
Es una capacitación en derechos y deberes así como en instituciones.
8 Habitabilidad
La ACR no tiene como función proporcionar vivienda a los desmovilizados, sino que en este punto enseña acerca del ahorro para comprar casa o la prioridad del arrendamiento según los ingresos.
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