Dolor y desesperanza luego de tres días de tragedia minera en Riosucio
Fotos | Freddy Arango | LA PATRIA
LA PATRIA | RIOSUCIO
Noticias de Manizales y Caldas,
Noviembre 23 2024
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Noviembre 23 2024
LA PATRIA | Manizales
La escena es la misma: lamentos de las autoridades por la inseguridad en las minas, acusaciones mutuas entre entidades por la falta de control, promesa de ayuda para las familias de las víctimas, reclamo de los mineros por falta de apoyo, anuncio de acciones contundentes para que no se repita. Y en la próxima tragedia vuelve la misma escena.
El geólogo y candidato a magíster Harold Cano Ramírez considera que la tragedia en las dos minas en Riosucio es una triste evidencia de lo que sucede en distintas zonas del país, porque la ley permite que mientras se formaliza una mina o yacimiento se pueda explotar hasta que aprueben o no la concesión minera.
“Quien controla que se trabaje con unos máximos de protección es el Estado con un equipo interinstitucional conformado por la Agencia Nacional de Minería (ANM) y el Ministerio de Trabajo, pero qué tan rigurosos son”, pregunta.
Critica que los entes de control sean permisivos y complacientes con la minería pequeña y no exigen los mínimos de ley. “Estamos alcahueteando al pequeño y seguimos exprimiendo al más grande que tiene con qué hacer una minería más técnica y más responsable. Eso es lo que está sucediendo”.
Cano Ramírez comenta que cuando le hacen fiscalización a un minero pequeño muchas veces ni siquiera le exigen el reglamento interno de trabajo. “Hay muchas minas legales que ni siquiera cumplen con este requisito, que es lo mínimo para aplicar la seguridad industrial, además del uso de los elementos del personal”.
Mario Tangarife, presidente de la Asociación de Pequeños Mineros Tradicionales de Marmato, responde: "El pequeño minero arriesga la vida para el sustento de su familia. Lo hace por obligación. La culpa es del Gobierno que tiene abandonada a la pequeña minería. El Estado no destina ni un peso para mejorar nuestras condiciones de seguridad".
Tangarife agrega: "Trabajamos con medios precarios. El Gobierno quiere entregar la minería a las multinacionales, mientras el pequeño minero debe trabajar con los pocos medios que tiene. La gente trabaja por necesidad, así no cuenten con una afiliación a la seguridad social. Pero cómo la van a tener si algunos ganan solo 200 mil pesos al mes. Eso no les da para cubrirla. Terminado el rescate de los cuerpos, vamos a definir maneras para evitar estos accidentes en el futuro".
Álvaro Salcedo, consultor e ingeniero de minas, explicó que los mineros necesitan medidas de seguridad tanto a la hora de la vinculación como al ingresar a la mina. Como en cualquier entidad, el minero debe contar con pensión, cesantías y riesgos profesionales. Sin embargo, por ser la minería un trabajo de alto riesgo todos los trabajadores deben de estar afiliados en la categoría grado cinco, la máxima. Aún no se confirma si los trabajadores de estas dos minas recibían los pagos y la protección social que exige la ley.
El geólogo Cano Ramírez reconoce que desafortunadamente los programas de legalización en minería son lentos, han tenido muchas dificultades y hay solicitudes que pueden durar hasta 10 años para saberse si es viable o no. “Cosa que se sale de toda lógica en estos programas”.
Yeison Gutiérrez, minero que sobrevivió a la tragedia del miércoles, dice: "El ciento por ciento de las personas de esta región vive de la minería. Todos trabajan, directa o indirectamente, y derivan su sustento de esta actividad". Asegura que en esas minas los cerca de 70 trabajadores podían ganar al día entre 30 mil y 60 mil pesos diarios, aunque había épocas muy difíciles.
Yeison Gutiérrez, minero que alcanzó a salir de la mina.
Gonzaga Romero, oriundo de Irra, se dedica a la minería desde hace 10 años. Cuenta que con esta labor sostiene a ocho personas. "Hay días buenos, de $40 mil, y malos, de $10 mil o $20 mil. Sin embargo, existen muchos gastos como compra de baldes, plásticos y barras". Trabaja de 8:00 a 12:00 y de 1:00 a 4:00 p.m.
Luis Ángel Padilla es de Puerto Boyacá, conocido como Popocho en las minas de El Playón. "Trabajo en la mina de Mauricio. Somos mínimo 20, pues unos dejan de venir y otros se enferman. Un día malo obtengo $15 mil y el bueno se puede subir a $30 mil. Claro que a veces me voy en limpio porque no saco nada. Pagan por porcentaje", explica.
"Todo depende de la mina hay de carbón y de oro. En estas últimas hay liberación de dióxido de nitrógeno y eso se corrige con una adecuada ventilación. Una persona necesita tres metros cúbicos por segundo para estar dentro de una mina y seis metros cúbicos si dentro de ella hay 10 personas, es decir 60 metros cúbicos", aclaró.
El ingeniero Salcedo aclaró que es clave para la seguridad en las minas contar con ventilación para evacuar gases y refrigerar el ambiente. Además, debido a que en la zona donde ocurrió la tragedia hay emergencias por descargas eléctricas es importante cubrir o porteger el cableado con un tubo verde para evitar cortocircuitos.
"El sostenimiento de la mina también es fundamental, es decir, cómo evitar que se derrumbe. La minas más estables son las que cuentan con roca fina porque no necesita de un techo de madera para sostenerla. Las débiles son aquellas que no están cementadas, están sueltas y por ello requieren de la madera para no derrumbarse", explicó.
Lo curioso, según el geólogo Cano, es que si una empresa grande adquiere una mina pequeña, los daños o los pasivos generados por la pequeña minería, nacidos muchas veces de esa permisividad del Estado, los debe asumir la nueva empresa.
“Cuando la empresa grande adquiere el título minero pide que le cedan el plan de manejo ambiental y en el traspaso de ese título chiquito a nombre de la nueva, muchas veces las autoridades incluyen arbitrariamente una serie de modificaciones y condiciona los planes a remediar los impactos ambientales que generó el anterior propietario”.
Cuando el geólogo habla de cierta complacencia con la pequeña y artesanal minería parece ratificarlo el que muchas de estas minas, como las afectadas por la tragedia del miércoles, tengan conexiones ilegales de energía, sin que se solucione el problema.
El gerente de la Central Hidroeléctrica de Caldas (Chec), John Jairo Granada, dice que aunque se han detectado cuáles transformadores son ilegales, no se les suspende el servicio para evitar problemas de índole social con esta población y con la esperanza de que legalicen su actividad. Agrega que tienen detectadas 86 minas en Caldas que operan con transformadores ilegales, por lo que no tienen ni la autorización, ni los conceptos técnicos para funcionar.
Una vez más explica el gerente de Chec que esto exonera de culpa a la entidad, y que ocasionó la desaparición de por lo menos unos 16 mineros, al dejar de operar e inundar el lugar.
También fue claro en que si bien las minas estaban en el proceso de legalización, las instalaciones eléctricas no cumplían con las condiciones óptimas, tal y como lo aseguró Martha Ligia Castaño, subgerente de distribución de Chec a Noticias LPTV en la emisión del jueves pasado.
El gerente reitera que el corte de energía en el sector no fue voluntario y que aún se investiga la causa. Adelanta que una investigación que se hace en el momento busca determinar la cantidad de energía que pierde con estos transformadores conectados fraudulentamente y cuántos recursos deja de recibir, pero, según la empresa, las pérdidas son significativas.
A esto se suman los problemas presentados en minas de socavón en Marmato, diferentes a las de cúbicos que operan a orillas del Cauca, en donde hoy se vive una verdadera tragedia por el uso de pólvora hechiza, ante las restricciones para usar la legal y que dejaron siete muertes en los primeros cuatro meses del año, además de amputaciones e incapacidades, como ceguera.
Así que la tragedia mantendrá viva la necesidad de hacerle frente a las condiciones peligrosas en las que trabajan estas personas. "Extraer el oro es una forma de vida y de trabajo como la caficultura. No hacemos nada malo, no estamos robando ni matando y como en toda actividad hay riesgo. Accidentarse es parte de la vida como morirse de un infarto", puntualiza Yeison. No obstante, las autoridades deberían intervenir, pero ojalá se acuerden de tomar medidas y evitar la próxima tragedia.
Por cuenta de la minería ilegal del 2008 al 2011 fallecieron 216 personas, según la Defensoría del Pueblo. En el 2014 han fallecido más de 80 mineros, incluida la última tragedia del 30 de octubre en una mina de carbón en Amagá (Antioquia), cuyas víctimas no han sido rescatadas en su totalidad.
Antes de la tragedia del martes en la vereda El Playón (Riosucio), Caldas sumaba siete personas muertas en accidentes de minas ilegales en lo corrido del 2015, todas ocurridas en el municipio de Marmato. Las causas de los muertes fueron diversas: aplastamiento por desprendimiento de rocas, explosiones de pólvora y exposición a gases tóxicos.
La mayor tragedia que se recuerda en el departamento es la ocurrida el 22 de noviembre del 2001, cuando murieron 51 personas tapadas por un alud de tierra en la mina Pescadero, en la vía que de La Felisa conduce a Irra, misma zona de la ocurrida esta semana.
Por estas muertes la justicia no halló responsabilidad de quien hacía la explotación del predio, Homer de Jesús Montoya González, conocido como Cacho Fino. Un juzgado de Manizales lo absolvió de los delitos de contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero, de homicidio y de lesiones personales culposas múltiples. La Fiscalía no apeló.
Al señalado sí lo hallaron responsable de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, y de provocación de inundación o derrumbe culposo, por lo que lo condenó a 25 meses de prisión y multa de 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes, aunque se le concedió el beneficio de la libertad condicional.
El juez dio la razón en el sentido de que la mina se explotaba sin permiso de las autoridades y que tal explotación se hizo empírica y antitécnicamente, pues se necesitaba estudios científicos que no se tuvieron, lo que ocasionó graves daños a los recursos naturales, afeando además el paisaje.
El juez acató la posición de los defensores que alegaban que los muertos y lesionados no tenían vínculo laboral con la mina y asumieron su propio riesgo al ingresar al yacimiento, sin autorización, en masa y con la advertencia del peligro ante las grandes grietas que se observaban en la parte alta del talud.
El oro se vende por una unidad de medida denominada tomín, menos de un gramo, la cual se paga a $40 mil y de las minas Leo y Mauricio se extraían entre 30 y 40 tomines al día. El pago que recibían era por mitad, dependiendo de las ganancias. El oro que se extrae en las minas de El Playón a orillas del río Cauca, los obreros de las minas se lo venden a las compraventas y estas a su vez a grandes empresas de Medellín, cuentan varios.
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