LA PATRIA | MANIZALES
La principal hipótesis sobre la muerte del líder Fernando Salazar Calvo, asesinado el 7 de abril del 2015, a las 7:50 de la noche, en el sector Tumbabarreto (Riosucio), es que un minero poderoso de la región, junto con su esposa, tuvo que ver con el hecho, pues la víctima era de la asociación minera Asomicar y pasaba informes que podían generar cierres de minas, incluyendo algunas de ese ciudadano.
Se llegó a decir incluso que varios mineros se habían unido para ordenar esa muerte, pero la primera versión fue la más fuerte. Esto se escuchó durante el juicio contra el pereirano José Javier Bañol Ibarra, quien pagará 35 años de prisión en calidad de determinador; y el caldense Jannick Gabriel Cruz González, sentenciado a 17 años y 6 meses, como cómplice.
El Juzgado Penal del Circuito de Riosucio los condenó la semana pasada. Los delitos: homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.
A Salazar Calvo, dirigente indígena y líder minero de Cañamomo y Lomaprieta, lo mataron cuando ingresaba a su casa.
Previo a su asesinato, el hombre habló de amenazas por el control que exigía contra la minería ilegal. Adicional a eso lideraba acciones para impedir el acceso de bandas criminales al occidente de Caldas para extraer oro.
Ese día, Édison Andrés Garzón Guapacha interceptó al líder, sacó un arma y le disparó en varias ocasiones.
La Policía Judicial identificó al sicario, lo contactó en la cárcel La 40 y con su colaboración dio con los demás responsables.
Confesó que Bañol Ibarra lo contactó y le pagó por el homicidio. Y que Jannick Gabriel lo recibió en la terminal de transportes de Riosucio.
El juicio oral se cumplió entre octubre y noviembre pasados y terminó con sentido de fallo condenatorio contra Jannick Gabriel, de 36 años, comerciante de la vereda Aguacatal; y Bañol Ibarra, de 34, dedicado a oficios varios y quien está detenido desde el 2016 en la cárcel de Guaduas por otro proceso. Paga 9 años y 6 meses por hurto calificado y agravado.
Entre las pruebas que se exhibieron en juicio estaban el registro de viajeros entre Pereira y Riosucio, desde la madrugada y la tarde del 8 de abril del 2015. En el listado estaba el sicario.
"Un personaje me envió desde Pereira, me compró el tiquete de bus y aportó un número telefónico de una persona que debía llamar al llegar a Riosucio. Jannick me recibió, consumimos marihuana, me enseñó el camino y me entregó el arma", relató el sicario. A Bañol Ibarra, a quien denominaba como su tío, aseguró conocerlo desde los 13 años, edad a partir de la cual le hacía trabajos.
Un testigo expresó que un mes antes del asesinato había rumores en la calle de que a Fernando le iban a dar bala. El Domingo de Ramos de ese año, un sujeto (el minero poderoso) se acercó a increparlo y le dijo que estaba caliente "porque él era el dueño absoluto del sector minero".
El sicario pretendió retractarse en juicio y aseguró que señaló a los dos hoy condenados para obtener beneficios. Anotó que le pagaron entre $2 millones y $3 millones por el homicidio, dinero que le giraron por empresas de apuestas.
"No estoy amenazado, no tengo nada qué perder, son dos condenas por 44 años pendientes para purgar. No me pagaron para cambiar la versión", expresó.
El Juzgado no le creyó a la retractación del sicario. La Procuraduría apeló e indicó que no hay pruebas contra el determinador Bañol Ibarra, por lo que pidió su absolución. Sobre Jannick Gabriel consideró que no es cómplice, sino coautor, por lo que pidió para él 35 años. El caso pasó al Tribunal Superior de Manizales.
El juez ordenó investigar al autor material por falso testimonio y al minero señalado como posible determinador.
Al sicario le dieron 9 años y 4 meses de condena, vía preacuerdo.
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