Cuatro demandas electorales rondan curul del representante a la Cámara de Riosucio, Abel Jaramillo

MARTHA LUCÍA GÓMEZ
LA PATRIA | MANIZALES

El representante a la Cámara por la Circunscripción Especial Indígena del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), Abel David Jaramillo Largo, enfrenta cuatro demandas que lo podrían dejar sin su curul.

Una es porque supuestamente el voto en blanco superó los votos válidos de la Circunscripción y las otras tres, que fueron unificadas, son por una presunta inhabilidad para ocupar el cargo en el Congreso y por la que solicitan nulidad de su elección; procesos que lleva el Consejo de Estado para fallo.

Jaramillo Largo considera que estas demandas tienen origen político, pues de alguna manera los movimientos alternativos les están restando poder a los partidos tradicionales en Caldas. “Además tenemos una diferencia política a nivel nacional frente a las decisiones que se adoptan en el Congreso. Que el MAIS haya avalado la propuesta de Gustavo Petro y que nos hayamos declarado en oposición, incomoda a la clase política tradicional”.

Sostiene que esto se está viendo en los fallos del último mes contra los congresistas salientes Antanas Mockus, del Senado, y Ángela María Robledo -manizaleña- de la Cámara de Representantes. Sin embargo, este riosuceño es optimista de que los magistrados, en su caso, garantizarán sus derechos y saldrá de estos líos sin problema.

Sobre el voto en blanco
Según la demanda, la opción del voto en blanco en las elecciones de marzo del 2018 superó los votos válidos de la Circunscripción Especial Indígena (CEI) -158 mil 679, dentro de los que la lista del MAIS obtuvo 99 mil 628 a Cámara Especial con una curul, la de Jaramillo Largo. Los votos en blanco fueron 228 mil 8.

Jaramillo Largo -que alcanzó 23 mil 279 votos- dice que el voto en blanco ganó especialmente en las ciudades, y que la CEI en los territorios indígenas, y que es contradictorio que la población mayoritaria defina quién representa a las minorías en Colombia. “La teoría de los demandantes es que el Congreso es uno solo, Cámara y Senado, no es por circunscripciones. Siendo así, tendríamos una gran desventaja en la interpretación de la norma porque se establece una exclusión positiva de las minorías y comunidades indígenas, frente a una participación política que fue significativa”.

Por esto también están demandadas las dos curules del MAIS en el Senado. El proceso entró a despacho para estudio de la Sala Electoral del Consejo de Estado.

Nulidad electoral
Las tres demandas unificadas recaen en un proceso de responsabilidad fiscal que la Contraloría General delegada para Caldas le inició a Jaramillo Largo cuando fue alcalde de Riosucio (periodo 2012-2015), pues entre el 2014 y el 2015, como ordenador del gasto, contrató la construcción de aulas en las instituciones educativas rurales Portachuelo, Florencia y San Jerónimo sede Sipirra, por $140 millones. Le endilgaron falta de planeación porque no se hizo un refuerzo estructural en las tres sedes.

La Contraloría en Caldas archivó el proceso, pues Jaramillo argumentó que construyeron aulas tipo que usaba la Gobernación, pero la Contraloría General revocó la decisión y resolvió en contra de Jaramillo Largo y lo condenó junto al contratista, al interventor y al secretario de Planeación de la época a pagar $145 millones. Apelaron de esta decisión y presentaron una demanda de nulidad porque consideran que viola el debido proceso, ya que los recursos fueron invertidos según la ley y las aulas entraron en funcionamiento.

Señalan que Jaramillo incurrió en una presunta inhabilidad por tener contratos pendientes un año antes a la elección al Congreso, pero él asegura que canceló la suma en abril, antes de la declaratoria de su elección como representante.

“Si bien la elección fue en marzo, fui el último al que le decretaron la curul el 19 de julio del 2018. Lo que establece un proceso de responsabilidad fiscal en Colombia es que con el pago de lo endilgado cesa toda responsabilidad fiscal. Ya hay jurisprudencia frente a que ningún proceso de responsabilidad fiscal inhabilita para ejercer una función pública”, agrega. El proceso va para audiencia inicial en el Consejo de Estado.