Prohibición del porte de armas, una prórroga que deja un vacío

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

Una controversia se originó luego de que el presidente de la República, Iván Duque, firmara el decreto con el que se prorroga la prohibición del porte de armas en el país, por un parágrafo en el que se establece que el Ministerio de Defensa definirá los lineamientos para los casos especiales en que las personas podrán acceder a un arma.

La polémica se venía suscitando desde hace semanas, porque el Centro Democrático y el Partido Conservador le pedían al primer mandatario flexibilizar la norma, que vencía el 31 de diciembre, para permitir que los ciudadanos pudieran hacer uso de un arma de fuego como defensa personal ante los problemas de seguridad.

Desde la Alianza Verde le pedían al Gobierno Nacional prorrogar la restricción al porte de armas en el país y no moderar los lineamientos para expedir los permisos, ya que el decreto había generado una reducción de la tasa de homicidios.

La decisión del Gobierno fue prorrogar la medida durante el próximo año, pero agregó que: “El ministerio de Defensa Nacional, durante la vigencia del presente decreto, impartirá a las autoridades militares competentes los lineamientos y/o directrices para la expedición de las autorizaciones especiales que requieran los titulares por razones de urgencia o seguridad y de las excepciones que corresponda, teniendo en cuenta entre otros factores, las condiciones particulares de cada solicitud”.

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, indicó que “el decreto simplemente tiene una variación sobre los decretos anteriores, en el sentido que el Ministerio va a expedir unas directrices para que los permisos sean otorgados de manera más objetiva, eliminando discrecionalidad de los funcionarios que tenían la oportunidad de crear permisos especiales”.

De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, es necesario verificar los permisos especiales y reiteró que el monopolio de las armas debe estar enteramente bajo el dominio del Estado. “Los particulares no deben estar armados, pero reconocemos que puede haber un caso especial que será estudiado y que posiblemente puede haber un permiso si así se requiere”.

El experto en seguridad Hugo Acero, explicó que con los decretos de los años pasados también se había considerado la posibilidad, por el ministerio de Defensa, de entregar permisos especiales y lo que está haciendo este nuevo decreto es reafirmar ese planteamiento. No obstante, indicó que aún hay un vacío porque no se conocen las condiciones para ese fin.

Para el analista, ese escenario abre la posibilidad de que se le terminen entregando permisos a las personas sin hacer un análisis más allá de las razones de seguridad que se argumenten para pedir el porte de un arma.

“La reglamentación tiene que decirnos cómo se les va a entregar, si van a haber evaluaciones sobre aspectos de seguridad de la persona que solicita el porte, o vamos a entrar a considerar otros elementos como, por ejemplo, un análisis detallado desde el punto de vista médico y psicológico sobre las personas solicitantes, sus aptitudes, entre otros”, explicó Acero.

José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, indicó que el decreto debe ser claramente restrictivo y no abrir la posibilidad de excepciones.

“En materia de porte de armas la prohibición debe ser la regla general y permanente. No es aconsejable abrir la puerta para la generalización de permisos, ni dar lugar a la discrecionalidad de funcionarios para su otorgamiento”, indicó Hernández.

Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central, indicó que el decreto deja al país en dos escenarios: El bueno es que se prorrogue la prohibición, ya que ha dado unos resultados como la disminución de las tasas de homicidio, pero el parágrafo deja preocupaciones, porque no se sabe cuáles van a ser los lineamientos para permitir el porte y uso de armas de fuego.

“Es preocupante que ahora, con el parágrafo, cualquier persona podría tramitar la solicitud del porte de armas. Recordemos que antes de que esta medida iniciara en 2014, se estimaba que habían alrededor de 900 mil salvoconductos adicionales a las armas que no tenían permiso en el país, y lo grave de esto es que se abre la posibilidad de que cualquier ciudadano acceda a ellas sin saber en qué condiciones y para qué fin”, explicó Nieto.

De acuerdo con el experto, la medida de prohibición del porte de armas ha permitido al país tener la tasa de homicidios más baja en los últimos 40 años, y el hecho de abrir la posibilidad de que los ciudadanos tengan el permiso al porte de armas podría afectar ese indicador.

“Por eso quedamos asombrados con el decreto, porque por una lado mantiene la prohibición del porte de armas, pero por otro se tiene un parágrafo con el cual se van a poder tramitar su uso sin tener claros los lineamientos”, manifestó Nieto.

Para los analistas este es un tema complejo, porque en los lineamientos también se deberían incluir requisitos más profundos como una evaluación psicológica del solicitante, así como de sus condiciones sociales, económicas que permitan hacer un perfil de la persona que tendrá a su disposición un arma. Además, explicaron que no es conveniente ser laxos con este tipo de temas, porque se corre el riesgo de que la población pueda tomar la justicia por mano propia.

“Esperemos que la base para eso no solo sea las condiciones de seguridad sino también un análisis médico de la personalidad y del perfil psicológico de la persona que está solicitando ese permiso, porque no todos están en condiciones psicológicas adecuadas para hacer uso de un dispositivo que puede generar heridos y muertos”, resaltó Acero.

El docente de la Universidad Central también aseguró que el escenario que se está abriendo es preocupante, ya que de cada 10 colombianos, 7 aducen que podrían tomar la justicia o la venganza por mano propia. Además, de cada 10 colombianos, 5 estarían dispuestos a comprar un arma, por lo que el riesgo frente a esa posibilidad es compleja.

“Esto nos deja en un escenario complicado porque podríamos tener circulando miles de armas en el país donde cada quien podrá accionarla y hará muy difícil la regulación. Cifras indican que del 100% de los homicidios en el país, cerca del 62% de estos casos tienen una relación con el alcohol y las armas de fuego. Ahora tendremos que imaginarnos que podría pasar si se permite su uso en unos casos que no sabemos cómo se autorizarán”, indicó Nieto.

Cuando la discusión sobre si era conveniente o no prorrogar la prohibición del porte de armas en el país para el 2019 estaba sobre la mesa, el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez sorprendió con la publicación de un pantallazo del borrador del decreto, aún sin firmar, en el que se establecían las nuevas condiciones de la prórroga.