Pasa a sanción presidencial polémica Ley de seguridad ciudadana

EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

La conciliación en el Congreso de la República del controvertido poyecto de ley para fortalecer la seguridad ciudadana, que fue propuesto por el Gobierno para endurecer las condenas contra quienes reinciden en delitos contra los ciudadanos y que es calificado por la oposición como una iniciativa que criminaliza la protesta pasó ayer sin mayores cambios a sanción presidencial.

Daniel Palacios, ministro del Interior, explicó que la ley busca dar mayores herramientas a los jueces para sancionar a los violentos. "Asimismo pretende agravar las conductas que afectan a todos los ciudadanos y que el delincuente siempre vaya a la cárcel y no a la calle", agregó.

Como ejemplo del alcance que tiene el proyecto, Palacios dijo que la idea es que "cuando una persona esté en su casa o en su habitación y alguien ingrese de manera violenta, se presuma que esa persona al defenderse está actuando en defensa personal" y "el juez tendrá que valorar el test de proporcionalidad correspondiente a la actuación que haya hecho esa persona".

"Aquí lo que estamos estableciendo como un criterio obligatorio para el juez, es que cuando ese delito se haya cometido con un arma de fuego, con un arma blanca o con un arma de letalidad reducida, el juez tenga que dar la medida de aseguramiento intramural", detalló.

Críticas de la oposición

El senador Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, considera que lo aprobado es "un compendio de disposiciones que legalizan prácticas criminales oficiales, paramilitares y de particulares. Es una licencia para matar; una nueva aberración de corte fascista de este gobierno".

Es por ello que él, junto a 18 congresistas más, envió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que "constate el incumplimiento del gobierno a sus recomendaciones sobre el respeto de la protesta social".

Las protestas de este año en Colombia, que comenzaron por una propuesta de reforma tributaria y se extendieron por cinco semanas perdiendo poco a poco intensidad, tuvieron reportes de graves violaciones de derechos humanos, sobre todo de abuso de fuerza policial y algunos episodios de vandalismo y de civiles armados disparando contra manifestantes.

También se reportaron desapariciones, abusos sexuales, bloqueos y homicidios cuyo número difiere según la fuente a la que se le consulte.

Resumen de la nueva ley

- Endurecimiento de penas en caso de homicidio contra un uniformado: lo aprobado establece que este tipo de hechos se castigará con penas que oscilan entre 41 y 60 años de prisión

- Penas más fuertes para quienes obstruyan la labor de la fuerza pública: el artículo 20 castiga con penas de entre tres a cinco años a quienes con violencia, amenazas o intimidaciones al accionar de la fuerza pública

- Porte de armas de fuego o armas blancas tendrán penas entre 4 a 6 años si éstas no son utilizadas para un fin lícito

- Traslados por protección de ciudadanos retenidos por la fuerza pública contarán con cámaras en establecimientos carcelarios, personal médico que atienda emergencias de salud, comunicación con un familiar en caso de traslado a otro centro penitenciario.

- El uso de armas en legítima defensa ante situaciones que así lo ameriten

- El proyecto de ley es claro en solicitar que se eviten las excarcelaciones de reincidentes capturados por las autoridades, ya que en la actualidad los jueces no tienen mayores herramientas para detenerlos en prisión y se deben dejar en libertad

- Refuerzo en ciberseguridad para la Fiscalía con la apertura de 125 vacantes para cargos informáticos.