COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
El comandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), general Carlos Eduardo Bueno Vargas, se pronunció respecto del informe de la Contraloría en el que se advierte de un hallazgo fiscal por $1334 millones, presuntamente causado por la compra de unos trenes de aterrizaje que resultaron usados y no aptos para el servicio de las aeronaves.
La Fuerza Aérea Colombiana en cabeza de Bueno Vargas, confirmó este martes que hasta la fecha no se ha registrado este suceso como un hecho de corrupción. “Le informamos a la Contraloría sobre este proceso y que detectamos que la empresa nos vendió elementos que no correspondían a los que habíamos contratado”, dijo el oficial y añadió que por estos hechos, la FAC interpuso una demanda contra Aeroparts & Resources con el fin de de llegar a una conciliación.
De acuerdo con el oficial, los hechos tuvieron lugar el 3 de diciembre de 2014, momento en el que se suscribió un contrato con la entidad en mención y el cual tenía la finalidad de adquirir partes aeronáuticas para las diferentes aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana.
El oficial aseguró que de acuerdo con el programa de mantenimiento, se requería que éste se llevara a cabo durante el 2015, por lo que se autorizó el cambio de los referidos trenes de aterrizaje para un Casa 212-300.
Según el general, dicho material llegó el 24 de julio de 2015 a la Dirección de Comercio Exterior (Dicex) con la documentación de acuerdo a lo contratado. Posterior a ello se realizó el desaduanamiento y posteriormente se envió a la unidad ejecutora del mantenimiento. “Una vez el material es requerido, el especialista reporta la discrepancia y se procede a la reclamación de la garantía”, aseguró el oficial.
Sin embargo, luego de no obtener respuesta por parte de la entidad promotora, la Fuerza Aérea Colombiana inició las investigaciones e informó del hecho a la Contraloría delegada, y a la par se instauró una demanda contra la empresa por incumplimiento.
De la misma manera, el comandante de la Fuerza Aérea confirmó que el material suministrado no ha sido utilizado por ninguna aeronave.
Por su parte el documento emitido por la Contraloría señala que “los repuestos que presentaban desgaste, corrosión, abolladuras y maquillado de piezas, en lugar de ser cambiados fueron irregularmente devueltos para ser objeto de mantenimiento, y aun así resultó que no eran aptos para las aeronaves de la FAC”.
Proceso de responsabilidad fiscal
Por este caso, la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal en el que se vincula al técnico aeronáutico que tenía a su cargo la inspección directa de los elementos recibidos y la verificación de las condiciones técnicas de viabilidad para el servicio, la supervisora del contrato que suscribió la Agencia de Compras de la Fuerza Aérea y el Director de Procesos Logísticos.
"En el caso del técnico aeronáutico, no sólo señaló que se requería un Overhaul (mantenimiento), cambiando las condiciones del contrato, sino que le dio viabilidad de uso a un elemento que resultó contrario al que se requería, lo que trajo consigo una compra inoficiosa y con ello un daño al patrimonio del Estado", explicó la Contraloría.
Frente a la responsabilidad de la supervisora del contrato, el ente de control aseguró que ésta debía ejercer seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre su cumplimiento, y la investigación permitió determinar que no presentó ningún informe de supervisión, lo que ocasionó un mal seguimiento y que se permitiera el daño al erario público.
Asimismo, el ente de control indicó que el Director de Procesos Logísticos deberá responder porque en su calidad de Comandante del Escuadrón de Abastecimiento "dio el aval para que se utilizará la garantía técnica para un Ovehaul, cuando lo pertinente era hacer el requerimiento para el cambio de elementos, permitiendo de esta manera el daño patrimonial".
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