Fernanda Torres Tovar
COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
En el año 2015, Campo Elías López Morón logró que una comunidad afrodescendiente de La Guajira tuviera mejores condiciones de vida. Esto lo hizo mediante una acción de tutela instaurada en la Corte Constitucional, que protegió los derechos a la vida, la salud, un ambiente sano e intimidad, y ordenó a una compañía minera que no afectara con sus actividades el bienestar de estas personas.
López Morón es una de las siete millones de personas que hasta la fecha instauraron este recurso ante las autoridades judiciales para que no se vulneraran los derechos fundamentales, y su tutela es de las más recordadas por el presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares.
El magistrado aseguró que este mecanismo, el cual rige desde hace 27 años, es la garantía de que a los colombianos no se les vulneren sus derechos y de que exista un acercamiento entre el ciudadano y la justicia. No obstante, aclaró que si bien fueron recibidas las siete millones de solicitudes, de estas fueron admitidas y estudiadas un bajo porcentaje. Durante el 2017 los colombianos radicaron 607 mil 500 tutelas, de las cuáles tan solo el 0.25% fueron admitidas.
Muy usada
Linares explica que si bien se busca dar solución a todos los requerimientos de los colombianos, en la Corte Constitucional, la última instancia en materia de tutelas y cuyos fallos han sentado históricas jurisprudencias frente a diferentes temas. Cada mes dos magistrados son los encargados de entrar a Sala de Revisión y verificar cuáles son los documentos que pasarán a los despachos de los togados para ser estudiados y fallados.
El presidente de la corporación señaló que no todos los casos son estudiados por la corte debido a que en muchas ocasiones los ciudadanos abusan de dicho mecanismo, por lo que asegura que son los jueces quienes deben seguir los precedentes del alto tribunal.
Añadió que las acciones de tutela son más utilizadas en lugares del país donde el ciudadano tiene acceso a entes de justicia con mayor facilidad, como las ciudades principales, sin embargo, aclaró que “la tutela no es la panacea para resolver todos los problemas que uno tiene en la vida”.
Aunque Linares celebra que la tutela haya llegado a tal número de radicados durante estos 27 años, no desconoce que las entidades están fallando. “También es un indicador de la problemática que tiene Colombia en distintas áreas como lo son la salud, el derecho de petición, la seguridad social y el debido proceso entre otras. Eso lo que muestra es que las autoridades públicas no le responden a los ciudadanos sus derechos de petición”.
Con el mandato el Gobierno de Duque empezó se empezó a hablar de una reforma a la justicia. Se plantea una renovación en la acción de tutela. Desde el Gobierno, anunciaron que se deben “crear jueces y magistrados que se especialicen en resolver tutelas. Antes de que dicten sentencia, los jueces y magistrados tendrán que evaluar si su decisión vulnera algún derecho fundamental de alguno de los sujetos procesales”.
El abogado constitucionalista Rubén Darío Henao consideró que los proyectos presentados durante los últimos días, “están dirigidos a tratar de cortar o recortar poderes a la acción de tutela. La acción de tutela es tal vez, el instituto más importante de la Constitución de 1991 porque acercó el Estado de Derecho al ciudadano de a pie”.
El expresidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán Sierra aseguró que si bien este mecanismo no debe desaparecer, tampoco debe registrarse la vulneración de los derechos fundamentales, pues esto evidencia que los colombianos están en un riesgo inminente.
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