MIGUEL ALGUERO - JUAN CARLOS LAYTON

LA PATRIA | MANIZALES

Una reforma menos pretenciosa, sin incluir a las personas de estratos bajos, sin gravar con IVA a los productos básicos de la canasta familiar, servicios públicos o funerarios, y sin impuestos de renta a los bajos salarios, por ejemplo.

En esto coinciden varios analistas económicos nacionales y de Caldas, para quienes este se convirtió en el principal problema que dio al traste con una reforma que fue calificada de radical y de alcabalera.

Por esta razón, para expertos como Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, más allá de cuestionar si el Gobierno se demoró o no en retirar la reforma, lo que sigue ahora es mirar hacia adelante, y trabajar de forma integrada por el bien del país, con propuestas más aterrizadas.

Se necesita, pero diferente

Para unos analistas, la reforma sí es necesaria, debido a que no solo se necesitan estabilizar las finanzas públicas del país, sino mantener y mejorar los programas sociales, ante el aumento de la pobreza que ya alcanza el 42,5%.

Esto sumado a las tarjetas amarillas que ya le han sacado al país las diferentes agencias de calificación de riesgo respecto a los problemas fiscales que enfrenta, y la necesidad de un mejor recaudo tributario.

De lo contrario, Colombia el país se vería sometida a la pérdida de lo que se conoce como el grado de inversión o clasificación de su deuda. Esto podría conllevar a un aumento sustancial en el precio del dólar y hasta aumentar la desconfianza de los inversionistas extranjeros para llegar a esta nación.

De $14 billones

Los expertos reconocen que no se puede pensar en una reforma de fondo o estructural, tan ambiciosa como la que planteó el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien presentó su renuncia ayer, de cerca de $25 billones.

Sin embargo, sí se puede pensar en un monto cercano a los $13 billones o $14 billones, con una propuesta que incluya menos impuestos, más control al gasto y la eliminación de algunas entidades.

"Eso mandaría una señal muy positiva de la consolidación de las finanzas públicas, ajustadas y apropiadas a las necesidades que hoy tiene el país en materia de gastos", dijo Mejía.

De allí la propuesta de varios centros de pensamiento, de un documento que incluya un verdadero diálogo social, que recoja parte de esas propuestas que se han hecho, encaminada a que quienes ganen más aporten más, incluyendo empresas y hogares, y además se fortalezca el control de la evasión y la elusión tributaria.

Sin embargo, el analista económico Aurelio Suárez Montoya consideró que no se debería incluir ninguna reforma, sino más bien reducir los beneficios económicos y que se deje de asumir el costo fiscal por devoluciones de IVA, descuentos de industria y comercio, y mantener la situación así hasta que la economía salga de la recesión.

No al radicalismo

Centrales obreras y sindicatos, asociados en el Comité Nacional del Paro, reiteraron ayer que el retiro del proyecto de ley no desactiva la movilización, porque la gente está exigiendo mucha más de una reforma.

“Los motivos del paro no son solo la reforma, es la negativa sistemática del Gobierno a negociar las peticiones del Comité Nacional del Paro. El Gobierno debe reiniciar las negociaciones con el Comité para que ese gran consenso que llamó el presidente Duque no sea un frente nacional excluyente”.

En medio del debate económico, los gremios y analistas sí rechazaron el radicalismo y la violencia que va en contravía del derecho constitucional y democrático de la protesta, y que se desligitima cuando se permiten y se generan este tipo de actos que atentan contra las personas del común y quedan en medio de este debate.

Unido a ello, se genera otro clima de incertidumbre, no solo para los ciudadanos del país sino para el desarrollo y el crecimiento económico y productivo de la nación.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo

1. Aumento del recaudo en:

a. Las empresas: Esto implica la eliminación de beneficios sectoriales (unos $2 billones), la eliminación del descuento del impuesto de industria y comercio contra el impuesto de renta (unos $5 billones), y la sobretasa temporal del impuesto de renta ($2 billones).

b. En las personas: Limitación de descuentos en renta y aumento de tarifas para personas de ingresos altos, de $15 billones en adelante, impuesto a los dividendos en el 15% e impuesto al patrimonio temporal ($5 billones).

2. Recorte del gasto público. Eliminación de entidades y proceso con duplicidades en el orden nacional, incluyendo organismos de control.

3. Paquete de medidas antievasión y antielusión. Estos puntos 2 y 3, como señales políticas esenciales para la construcción de confianza entre el contribuyente y el Estado.

Lorenzo Calderón, presidente Comité Intergremial de Caldas

El Estado se debe concentrar en quitar privilegios tales como las extensiones y las exclusiones, cuyo listado amplísimo está vigente actualmente. Además, debe sumarle a esto un gravamen real a los altos sueldos de los funcionarios públicos, adscritos a las tres ramas del poder público y a los organismos de control. También se debe establecer una estrategia normativa que profundice y facilite la posibilidad del recaudo de toda la cantidad de impuestos, cuya evasión está vigente y cuyo monto no ha sido cancelado al Estado colombiano. Con esto se recogería una muy buena suma para poder financiar todos los programas que, a juicio del Gobierno, requieren nuevas fuentes de ingresos.

Otro tema que debe ser tenido en cuenta es el relacionado con el valor del impuesto Industria y Comercio (ICA) que está asumiendo el Estado actualmente. Eso es un mundo de plata. De la mano con la reforma tributaria, debe existir una poderosa reforma al tamaño del estado, pues el gasto público en funcionamiento es bastante alto y el Estado sigue teniendo unas dimensiones inmensamente grandes y desproporcionadamente ineficientes.

Juan Eduardo Zuluaga Perna, presidente Andi Caldas

De entrada no se deben repetir los mismos errores de la primera reforma. Esto significa que no debe incluir IVA a los productos básicos, ni exclusiones de IVA a los alimentos. No pensar en impuestos para las personas que ganan menos salarios y que querían incluir en la carga tributaria. Esos fueron los aspectos principales que terminaron tumbando de forma radical esta reforma.

La propuesta de la Andi es razonable y apunta a demorar algunas reducciones tributarias que se les dieron a las empresas en la reforma anterior. Eso permitiría compensar esos recaudos que no se puede recoger por otros lados.

Esto implica el aplazamiento de la reducción del impuesto de renta, puede ser una sobretasa; el aplazamiento del descuento del impuesto de Industria y Comercio, del impuesto de renta, y un impuesto al patrimonio del 1% para las personas naturales con patrimonios superiores a $5 mil millones.

Se debe acudir a los ahorros del Estado para atender la emergencia social. Hoy más que nunca podemos pensar en usar recursos de activos de la Nación. Pocas causas lo ameritarían más.

Aurelio Suárez Montoya, miembro Academia Colombiana Ciencias Económicas

No soy amigo de ninguna reforma tributaria. La economía está en recesión y por ende, lo único que puede aliviar esto es el aplazamiento de los beneficios concedidos en la reforma del 2019. Eso generaría unos $7 billones, según lo calculado por la misma Andi, para varios programas sociales. Al país hay que sacarlo de la recesión, y no conozco en la literatura económica que una economía que lleva cuatro trimestres en recesión haya que cargarle una reforma, que además le sacaba a la economía $32 billones y solo le devolvía $7 billones. El país lo que tiene qué hacer es pensar en reactivar la economía y mantener el ingreso social sin necesidad de tributos.

Lo del grado de inversión es una decisión arbitraria de los señores de Wall Street. Por ejemplo, cuando la crisis griega se dijo que estaba en perfectas condiciones y sin embargo, se derrumbó. Entonces proceden de manera arbitraria y según su capricho. Colombia hoy tiene un endeudamiento del Gobierno Nacional central del 60% del PIB, inferior al de muchos países, y el vencimiento de deuda también se puede financiar. Lo que buscan las calificadoras es extorsionar al país para que aumente en unos $20 billones su endeudamiento. Es lo que persiguen.

Durley Huertas Suárez, docente de la Fundación Universitaria del Área Andina y magíster en Administración con énfasis en Finanzas

¿Si era necesaria realmente una reforma? ¿Cuáles son los efectos de que se haya retirado? ¿Es posible continuar sin una nueva reforma? Es preciso comprender que no es válido decir simplemente que “no haya reforma tributaria”. Las personas se manifiestan en contra de la reforma, pero al mismo tiempo exigen subsidios, mejoras en vías, salud y educación, infraestructura, inversión, etc., para lo cual se requieren recursos, los cuales tradicionalmente se consiguen vía impuestos. Sin embargo, también es claro que los recursos se pueden conseguir por otras vías y eso es lo que esperamos ahora.

¿Cuáles serían esos nuevos puntos de la reforma? Seguramente si le preguntamos a cada uno de los sectores, todos tendrían puntos totalmente diferentes. El nuevo texto debería contemplar aspectos como: control del gasto público, continuidad de programas sociales, modificación al gravamen de los dividendos, permanencia o temporalidad del impuesto al patrimonio y desde un rango más bajo, renta básica, ingreso solidario y subsidios de energía y gas, reestructuración de aspectos alrededor del IVA e impuesto de renta de personas naturales, sobretasa de impuesto temporal a empresas, impuesto de renta de personas jurídicas, y revisión a exenciones que tienen las grandes empresas.

Se estima que el nuevo texto considere aspectos para estabilizar las finanzas del Estado, dar tranquilidad a los mercados internacionales, sostener los programas de asistencia, fortalecer la confianza inversionista y la ampliación del Ingreso Solidario, compensación del IVA y el Programa de Apoyo al Empleo Formal.

Consejo Gremial Nacional

El Consejo considera que para superar adecuadamente la profunda crisis generada por la pandemia, se requieren unos consensos mínimos y la necesidad de una reforma tributaria para atender las necesidades de los más afectados, así como garantizar el equilibrio fiscal y la calificación de riesgo del país.

Propone que es fundamental lograr un equilibrio entre:

1. El monto de recursos necesarios para superar la crisis, los cuales estiman en el orden del 1,0% y 1,5% del PIB.

2. Explorar fuentes alternativas que le permitan al país superar esta difícil coyuntura, tales como, combatir la evasión y el contrabando, reducir el gasto público, desarrollar un plan de enajenación de activos no estratégicos, entre otras.

3. Considerar la realidad de la ya afectada capacidad económica y contribución de los hogares y empresas colombianas.

Comité Nacional del Paro

El Comité anunció ayer que convoca a una nueva movilización para el miércoles 5 de mayo y que el Congreso debe hundir cualquier proyecto de reforma que se presente. Presentaron un pliego resumido en estos puntos:

1.Retiro del proyecto de ley 010 de salud y que haya masiva vacunación.

2.Renta básica de por lo menos un salario mínimo legal vigente mensual para 10 millones personas.

3.Defensa de la producción nacional agropecuaria, industrial, artesanal y campesina. Subsidios a las Mipymes, empleo y política de seguridad alimentaria.

4.Matrícula cero para los jóvenes universitarios.

5.No privatizaciones ni derogaciones del Decreto 1174.

6.Fuentes de financiación para el país: Eliminación de las exenciones tributarias a los grandes capitales individuales y a las grandes empresas nacionales y extranjeras, uso de las reservas internacionales, renegociación de la deuda externa, préstamo del Banco de la República al Gobierno central.

7.Controles a las evasiones y a los paraísos fiscales y a la corrupción.

8. Que paguen más impuestos los que tienen mayores recursos.

Alejandro Barrera Escobar, docente U. de Manizales y magíster en Economía

La presión social y política efectivamente funcionó para que el Gobierno retirara la reforma tributaria. Sin embargo, la discusión continuará de forma urgente, porque el país no tiene condiciones para hacer caso omiso al problema de endeudamiento público, que a mediano plazo se puede agravar con una menor calificación de riesgo.

Así, el nuevo documento debe buscar equilibrar las finanzas públicas frente al gasto y deuda. Existen algunas propuestas, por ejemplo, la reducción del tope a las rentas exentas, extensión del impuesto al patrimonio, incrementar impuesto a los dividendos, suspender o aplazar beneficios tributarios a empresas, como la reducción de renta a personas jurídicas y el impuesto a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados.

Más allá de la sostenibilidad fiscal, hay que tener en cuenta que Colombia debe aprovechar la última fase de bono demográfico (ascendente) hacia 2050, que permita generar recursos potenciales por la población económicamente activa, necesarios para inversión pública social hacia una nueva realidad de envejecimiento poblacional. La discusión de transformación del aparato productivo hacia un mayor valor agregado está ausente. Es la única que permite mayor distribución de riqueza real. Un sistema asistencial solo es viable si se produce la suficiente riqueza para recaudar.