Colprensa | LA PATRIA | BOGOTÁ
La Ley de Financiamiento, aprobada el 28 de diciembre de 2018 y que entró en vigencia desde el primero de enero de este año, no deja de generar polémica en el país. A su atropellada discusión en el legislativo, hoy se suma un estudio constitucional que amenaza con tumbarla definitivamente, lo cual sembraría zozobra sobre la economía, por lo que pueda ocurrir a futuro.
La maratónica tarea le corresponde a la Corte Constitucional, en la cual reposan 24 demandas que tendrán que ser estudiadas por los magistrados del alto tribunal desde el próximo miércoles, y donde prevalecen tres acciones legales que atacan la totalidad de la normativa, las mismas que pueden darle un ‘jaque mate’ al plan de salvación a los problemas económicos que atraviesa Colombia.
El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha señalado en reiteradas ocasiones que la Ley de Financiamiento es la solución a muchos de los factores que han venido afectando el desarrollo económico del país, como la alta tasa de desempleo, el incremento en la inflación y el propio crecimiento económico.
Hay tres acciones que buscan tumbarla por inconstitucional. Una decisión que apruebe al menos una de las pretensiones dejaría inmediatamente sin piso las 21 restantes, ya que no tendrían motivo de estudio, pues la norma perdería vigencia. En caso contrario, la Sala Plena deberá debatir las relacionadas con artículos demandados.
Sin ley
Para la decisión final se pidieron diferentes conceptos de sectores económicos y financieros. Entre los consultados estuvo el centro de investigaciones de Fedesarrollo, en cabeza de Luis Fernando Mejía, consideró que los costos asociados a declarar inexequible la Ley sobrepasan los potenciales beneficios derivados de la misma y fomentaría un impacto adverso a nivel macroeconómico.
Segun los cálculos de Fedesarrollo el Producto Interno Bruto (PIB) para 2020 ya no sería del 3,5 %, como se viene pronosticando, sino del 2,7 %, es decir, un impacto negativo del 0,8 %, lo que, a juicio de Mejía, pondría en riesgo la sostenibilidad fiscal.
Para el Gobierno las cifras no son descabelladas, pues el ministro Carrasquilla considera que si se cae la Ley en la Corte se generaría inseguridad jurídica, debido a que “nadie va a volver a creer en una reforma tributaria ni ley de financiamiento”.
Otro que se pronunció en el mismo sentido fue el nuevo codirector del Banco de la República, Roberto Steiner, quien advirtió que ojalá la Corte no tumbe la Ley de Financiamiento, ya que las expectativas de crecimiento para Colombia apuntan a una cifra mayor de 3%.
“No todo el mundo tiene la misma expectativa para este año, pero lo interesante es que todas las instituciones las han ido corrigiendo al alza”, señaló Steiner.
José Roberto Acosta, miembro de la Red de Justicia Tributaria, consideran por el contrario que los efectos si se llega a tumbar la Ley no serían tan graves. Precisamente, Fedesarrollo habla que una declaratoria de inexequibilidad podría en principio conducir a un mayor recaudo.
En todo caso, el Gobierno Nacional tendría que optar por presentar una nueva reforma tributaria que logre financiar el presupuesto para el próximo y plantear nuevas medidas, como las que se vienen anunciando en materia laboral, para recuperar el mercado colombiano frente a las altas tasas de desempleo y la informalidad.
Con ley
El Consejo Gremial Nacional señala que la normativa ha dejado avances positivos en el país una vez fue implementada, dado que se han materializado en hechos concretos que ha servido para sostener la economía, pese la “crisis económica mundial”.
Según cifras del Banco de la República, que trajo a colación el Consejo Gremial, “entre enero y junio de 2019 la llegada de la Inversión Extranjera Directa a Colombia creció en un 24,4 %”.
Para la ANDI, la estimación de recaudos en razón al impuesto de renta con la ley de financiamiento en 2019 es de 67 billones de pesos, mientras que en 2020 ascendería a 69 billones. La ANDI señala que el recaudo ascendería de 6,4 % en 2019 a 6,7 % en el próximo año.
Habla la ciudadanía
Uno de los conceptos que llegaron a la Corte Constitucional fue el de José Ever Gaitán García, quien se pronunció como ciudadano y se mostró inconforme con lo que ha conllevado la polémica ley, pues de cierto modo asegura que el Gobierno ha desconocido el papel del contribuyente.
“Se ha allegado a la costumbre anual de crear nuevos impuestos y jugar con las tasas y sus consecuencias, sin medir el ánimo del contribuyente y flexibilizar a la administración y control mediante un impuesto único”, señaló en el concepto allegado al alto tribunal.
Gaitán García aconsejó que lo ideal sería consolidar los presupuestos nacionales y territoriales de sostenimiento de los planes de inversión, de modo que exista un impuesto único de cobertura a los presupuestos de sostenimiento, y las regalías y otros ingresos de cobertura a los presupuestos de inversión.
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