LA PATRIA | MANIZALES
Cargar madera en su vehículo, sin los respectivos permisos, privó de la libertad al riosuceño Álvaro Jaramillo Ramírez, de 44 años de edad.
El Juzgado Penal del Circuito de Riosucio lo sentenció a 47 meses y 23 días de prisión y le negó cualquier subrogado, por lo que deberá pagar ese tiempo en prisión, por aprovechamiento ilícito de recursos naturales.
Todo empezó el 5 de enero del 2020, dentro del parqueadero El kiosko alma café, en esa población, donde la Sijín detectó la presencia de un camión de estacas, cargado con madera protegida por la legislación ambiental.
Le preguntaron a Álvaro, su conductor, por la documentación que respaldara el origen y permiso, pero dijo no tenerlos y que lo habían contratado para transportarla desde la vereda El Oro hasta Marmato, desconociendo su procedencia y las personas que habían efectuado el cargue. Pese a eso, fue privado de la libertad y judicializado. No aceptó cargos y tampoco pidieron medida de aseguramiento.
Luego, el 24 de abril del año pasado, de nuevo la Policía, en la carrera 7 con calle 25, del barrio Libertadores, de Supía, vio un camión Chevrolet NPR, cargado con madera protegida. Lo manejaba también Álvaro, sin la documentación pertinente.
Además, entregó dos papeles vencidos, generados por el resguardo indígena Escopetera y Pirsa. “Sin ninguna vigencia. Ese aval solo servía para movilizarse dentro de ese territorio indígena. De nuevo fue judicializado”, se explicó en el proceso. Se le dio de nuevo libertad condicional.
El pasado 2 de diciembre, para ambos procesos, Fiscalía y defensa mostraron su voluntad de llegar a un preacuerdo, consistente en que Jaramillo Ramírez aceptaba su responsabilidad a cambio de una rebaja de pena.
Corpocaldas indicó que el material forestal incautado es considerado un recurso natural renovable. Para el caso de los 4 M3 de madera de siete cueros, carate, bogotano, punta lanza y nigüito, son especies nativas.
“Como se decomisó por fuera de su sitio de extracción inicial, se aclara que no es posible determinar qué daño o afectación se causó durante su tala, para la que se requiere de un permiso de aprovechamiento forestal menor. Para su movilización, de un salvoconducto único nacional. Estos documentos son expedidos por Corporcaldas”.
El sentenciado tiene historial delictivo, con dos sentencias condenatorias proferidas por el despacho de Riosucio y el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Manizales (2011 y 2016), por los delitos de secuestro, falsedad en documento público, agravado, falsedad en documento privado y estafa.
La última condena fue de 40 meses, concediéndole el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, con condiciones. Las incumplió al volver a delinquir y por eso lo mandan ahora para la cárcel.
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