LA PATRIA | MANIZALES
Dos razones llevaron ayer al juez Primero Penal de Control de Garantías de Manizales a dejar en libertad a los dos primos acusados de contratar un sicario para matar a un reconocido abogado de Manizales. Uno, que durante los 165 días que lleva el proceso no se dio ninguna dilación propiciada desde la defensa de los implicados. Y, dos, que no hubo, durante ese tiempo, motivos de fuerza mayor que justificaran el retraso en el inicio del juicio por homicidio tentado agravado y porte ilegal de armas.
Horacio Gutiérrez, abogado de los acusados, pidió la libertad de sus defendidos por vencimiento de términos, amparado en la Ley 1760 del 6 de julio de este año, que establece un plazo de 120 días, contados a partir del momento en que se presenta el escrito de acusación, para que se inicie el juicio oral. "Cumplido ese lapso, se debe ordenar la libertad inmediata. Han pasado 165 días. Antes no era claro cuánto era y se contaba desde el escrito o desde la audiencia de acusación", dijo.
La Procuraduría apoyó el postulado de Gutiérrez. Ayer, la Fiscalía entregó las razones por las que no debía aceptarse la solicitud. Expresó que en sus cuentas han pasado 165 días desde la presentación del escrito de acusación (30 de enero), pero que se deben descontar 32 días correspondientes a la demora por los impedimentos que presentaron los juzgados Tercero y Cuarto para recibir el proceso.
"La Fiscalía ha actuado como se debe. Hay que tener en cuenta la naturaleza del delito, la cantidad de imputados y que se trata de un asunto complejo", explicó el fiscal. Según las cuentas del juez se deben descontar 37 días, lo que significa que han transcurrido 128 días y ordenó la libertad inmediata de los implicados, que siguen vinculados al proceso. El inicio del juicio está programado para el martes próximo.
Según las investigaciones de la Policía, los integrantes de esa familia buscaban obtener beneficios económicos acabando con la vida del jurista, pues adelanta procesos en contra de ellos, que no les permite acceder a una cuantiosa herencia.
Por este caso ya hay una condena, la de José Luis Ruiz Vélez, desmovilizado del bloque Central Bolívar de las Auc, sentenciado a siete años, 10 meses y 15 días de prisión, el pasado 1 de mayo, por porte ilegal de armas de fuego. Sería el hombre contratado para cometer el homicidio.
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