LA PATRIA | MANIZALES
Se terminó sin sentencia la acción penal que la Fiscalía adelantaba contra los exfuncionarios de la Gobernación de Caldas Henry Murillo Arboleda, Ever de Jesús López Aguirre y Ernesto Patiño Molina, por celebración indebida de contratos.
El caso por el que los procesaron fue la compra irregular de vehículos por $1.013 millones durante el mandato del exgobernador Mario Aristizábal (2008-2011).
Las inconsistencias que dieron origen no solo a la investigación penal sino también disciplinaria se debieron a la adquisición de vehículos a través de una selección abreviada, cuando lo procedente era una licitación pública.
Sobre Murillo Arboleda, exsecretario de Gobierno; López Aguirre, exsecretario de educación, y Patiño Molina, exsecretario General pesa en la actualidad una sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad de entre 10 y 11 años.
En la sanción también estuvo incluido Pedro Javier Misas Hurtado, pero obtuvo la revocatoria de la misma. Al consultar sus antecedentes disciplinarios esta no figura, mientras que a los demás sí les aparece.
Esta circunstancia incidió a la larga en el proceso penal. José Fernando Ortega, abogado defensor de Patiño Molina, explicó que la Fiscalía solicitó la aplicación del principio de oportunidad, el cual fue avalado por un juzgado penal con función de control de garantías el pasado martes.
La razón por la que recibió la aprobación fue la sanción disciplinaria y porque la llamada afectación al bien jurídico resultó poco significativa. Según se indicó en la audiencia, no hubo detrimento patrimonial. Estas son condiciones contempladas en la ley, que benefician a quienes se acogen al principio de oportunidad.
Aunque ayer se debía llevar a cabo la audiencia preparatoria, la Fiscalía solicitó al Juzgado Tercero Penal del Circuito, a cargo del caso, que decidiera la preclusión del proceso, es decir, la finalización sin sentencia y la aprobó.
Acerca de la situación jurídica de Misas Hurtado, su abogado defensor, Juan Manuel Ríos, solicitó la suspensión de la audiencia preparatoria para revisar las circunstancias y pruebas con base en las nuevas circunstancias del proceso.
Se mantiene su presunción de inocencia hasta que un juez decida si lo condena o lo absuelve.
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