LA PATRIA | MANIZALES
La sala de audiencias 209 estaba abierta a las 9:00 de la mañana de ayer. Pasaron 15 minutos, pero nadie llegó. A esa hora estaba programada una audiencia de individualización de pena y lectura de sentencia por el hurto de $2 mil 500 millones a una sede de Bancolombia en Manizales, hace dos años.
La implicada que debía comparecer es alias Yuli, de quien nada se sabe desde hace varias semanas, ya que se encuentra en libertad. La audiencia debe reprogramarse. Había llegado a un preacuerdo con la Fiscalía para aceptar cargos y a su vez se tramita un principio de oportunidad con el mismo ente acusador, pues es su testigo clave en el proceso.
Hace dos semanas estaba previsto el inicio de la audiencia de juicio oral para cuatro personas vinculadas a la investigación. Los procesan por hurto calificado y agravado. Esa diligencia, que duraría hasta el primero de noviembre, también se aplazó. Quedó para marzo.
Los aspectos relacionados con la investigación y los pormenores del principio de oportunidad son reservados hasta que se practiquen las pruebas o se descubran en las etapas procesales pertinentes.
Sin embargo, la testigo suena como una pieza clave dentro del proceso para la Fiscalía y su no comparecencia sería una ventaja para la estrategia defensiva, ya que su testimonio ingresaría como prueba de referencia.
Quién es Yuli
Alias Yuli fue la segunda persona en aceptar cargos. En mayo se verificó su voluntad de contarlo todo. El primero que confesó, desde el momento de la captura, fue Rafael Antonio Posada Londoño, de 62 años, quien les hacía mantenimiento a las bóvedas de la entidad financiera.
La mujer era mesera del restaurante Don Ramón, en donde laboraban la mayoría de implicados, incluyendo el administrador y dueño. El local está ubicado diagonal a la sede bancaria.
La participación de Yuli fue cargar una de las seis tulas con el dinero, según contó. Además, portaba una linterna, que se le cayó en la parte trasera del banco y que las autoridades encontraron.
Detalló cómo fue el robo y su decisión de negociar fue por las amenazas recibidas del dueño del restaurante, quien, según ella, no quiso repartirles el botín, como lo había prometido.
Su voluntad de cooperar con la investigación la hizo acreedora a la libertad y se determinó que debía ser protegida.
En este tiempo se desarrollaron varias audiencias, entre ellas una de preclusión fallida, dos preparatorias, y una de libertad por vencimiento de términos, para el dueño del restaurante y un empleado, apodado Lucho.
Este medio consultó a la directora seccional de Fiscalías de Caldas, Clara Irene Giraldo Valencia, quien indicó que la testigo habría rechazado la protección. Sin embargo, agregó que se realizará una reunión denominada comité técnico jurídico sobre este proceso. Al cierre de esta edición no se tenía más información.
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