Siguen dilatando el caso TIM

LA PATRIA | MANIZALES

Cada vez se enreda más el proceso que adelanta la justicia, por contratación indebida, contra José Alfonso Jaramillo, exgerente del TIM; Martha Alicia Silva Hidalgo, interventora; María Liliana López Palacio, asesora jurídica, y John Alexánder Quintero Prado, exrepresentante legal de Susuerte. Se trata de un episodio del TIM, ocurrido durante la Alcaldía de Juan Manuel Llano.
En una audiencia de juzgamiento que se realizó ayer en el Palacio de Justicia, los abogados defensores se opusieron a que la Fiscalía entregara nuevas pruebas contra los implicados, pues aseguraron que no estaban completas y el testigo que se presentó no hizo parte de una auditoría que le realizaron al contrato.

Al inicio de la reunión presentaron a Gustavo Adolfo Castañeda, actual secretario Privado de la Gobernación y que era contralor de Manizales cuando sucedieron los hechos. En el interrogatorio que le hizo el fiscal dio a conocer documentos de una interventoría de la Contraloría, en donde comprobó que hubo falencias en el proceso licitatorio y en el contrato para la venta y recarga de tarjetas inteligentes.
Según el documento, el acuerdo se modificó, las reglas se cambiaron, se vulneró el derecho a la igualdad, hay presunto daño patrimonial, el TIM incumplió como agente retenedor, no se verificaron los requisitos y además no tuvieron en cuenta las observaciones hechas en los pliegos de condiciones exigibles.

Sumado a esto, la Contraloría hizo un hallazgo con posible alcance penal porque a los usuarios que obtuvieron la tarjeta del TIM, cuando la recargaban, les devolvían la fracción restante en chances.
Sin embargo, la defensa de los implicados respondió que el contralor no hizo parte de esta auditoría, sino sus delegados. Además, exigieron documentos que hacían falta en el informe de auditoría, por lo que le solicitaron al juez que estas pruebas no se tengan en cuenta.

El juzgador concedió el recurso para que sea el tribunal el encargado de determinar si estas pruebas pueden ser tenidas en cuenta y si la defensa tiene la oportunidad de contrainterrogar al testigo.
El proceso apenas empieza en su etapa de juzgamiento, por lo que faltan varias sesiones para determinar si se configuraron delitos o no con estas actuaciones. Este se inició tras las fallas de la puesta en funcionamiento del Sistema Estratégico de Transporte Público, durante los cinco días en que operó, cuando fue suspendido el 3 de marzo del 2010.