Se enfocan en la reparación integral de 85 mil víctimas en Caldas

El acento campesino y jovial de Mariano* es elocuente. Este hombre de Pensilvania sufrió como otros 85 mil ciudadanos que viven en Calas los rigores del conflicto armado. Su relato se remonta al 2002 con un contundente preámbulo: "a mí se me llevaron 59 animales de la finca, yo dejé siete años la tierra abandonada".

Habla de las Farc, que entre sus muchas actividades ilegales desarrolló una notable suficiencia en robo de reses. Hace 10 años el frente 47 al mando de Karina llegó hasta la vereda La Palma y se llevó 127 cabezas de tres fincas. "El ganado lo pasaron por Aguabonita y lo llevaron hasta Encimadas (corregimiento de Samaná)".

En su accionar los insurgentes, al igual que los paramilitares, hicieron que familias campesinas, cargadas de terror, salieran despavoridas dejando atrás sus tierras, sus casas, sus antepasados. A ese éxodo forzado se sumaron homicidios, secuestros, extorsiones que dejaron miles víctimas en el departamento, incluidas las que llegaron de otras regiones.

Volviendo a la narración de Mariano, él con nostalgia cuenta que podía ver sus animales a lo lejos, pero no podía recuperarlos. Dice que el Ejército lo supo, igual que la Sijín en esa época, pero no hubo autoridad capaz de restituirle lo suyo. En ese momento tomó una decisión: "yo les dije a los de la Sijín que si este ganado lo pagaba el Estado, pues le hacíamos a la denuncia, pero si no era así entonces que me dejaran quieto, porque yo no me iba a hacer matar por esa gente". Le sobraron motivos para hacerlo, ya que un hermano suyo fue asesinado por el grupo guerrillero.

Asumiendo el costo de su determinación, pero también amenazado por quienes mataron a su ser querido, salió desplazado para Manizales en donde estuvo siete años hasta que vio, según su apreciación, algo calmada la situación.

En el 2009 volvió a la finca para ver lo que quedaba: el rastrojo, la casa destechada, los alambrados desaparecidos y sin saladeros para los animales. Desde entonces trata de reconstruirla, pero jamás se presentó ante el Estado como una víctima del conflicto.

Luego conoció a Albeiro Ramírez Carvajal, representante por Caldas en el Comité Nacional de Justicia Transicional. Con un poco de orientación Mariano fue hace una semana a la Personería. Hoy es el poseedor de una ficha que lo pone en lista de espera para ser reconocido como víctima en dos o tres meses.

La ilusión de la víctima

Ramírez Carvajal vivió hace cinco años la repetida tragedia del desplazado al cual le tocó salir corriendo un día de su casa y de su negocio apenas con lo que llevaba puesto, para proteger su vida. Él estuvo el pasado lunes en el lanzamiento del plan de acción para atender a Víctimas del Conflicto Armado, conforme a la Ley 1448 de 2011.

La jornada se desarrolló en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP sede Manizales), con delegados del Ministerio de Justicia, la Agencia de Cooperación Alemana GIZ y autoridades civiles y militares de Caldas (ver recuadro El plan de acción).

En sus palabras refleja entusiasmo. Asegura que la norma abre un espacio de interacción a las víctimas. Sin embargo, es claro en afirmar que los afectados por el conflicto "quieren que todo esto tan bonito que pregona la ley se vea plasmado en la realidad".

Alfredo Roncancio Mejía, secretario de Gobierno de Caldas, le pone optimismo a los pasos que van a dar. "Estamos reconociendo a las víctimas. Ahora ya es un tema de la mesa". Cuando reflexiona sobre qué hacer con la víctima después del período de emergencia, responde que los proyectos productivos son una opción válida.

El representante de las víctimas en el Comité de Justicia Transiciacional, está de acuerdo con el planteamiento del Gobierno del Departamento, pues aunque la ley propende también por la restitución de tierras, aún subsiste el miedo a quedar solos a que se repita lo que ya una vez les pasó. Además, dice, muchas personas víctimas envejecieron fuera del campo o perdieron la costumbre de trabajar la tierra, por lo que no pretenden volver.

Recalca que las víctimas no piden limosna sino reconocimiento de derechos, que es muy diferente. Para eso necesitan satisfacer de nuevo sus necesidades básicas y medios de sustentación, a través del trabajo y labores productivas.

Para hacerlo realidad

El secretario de Gobierno opina que lo más importante es que los recursos fluyan, ya que necesitan acelerar los beneficios "porque están muy quedados", enfatiza.

Para poner un ejemplo relata lo siguiente: "un señor en San Diego (Samaná) me dijo hace ocho meses: vea Doctor Roncancio, una mina antipersonal me voló el pie ¿qué puede hacer por mí? Lo único que pude hacer fue decirle: deme su número de celular que yo lo llamo. Eso es triste y hoy no hay respuesta para él".

Para eso, señala, es el plan de víctimas, "que es a cuatro años, pero cada año hay que hacer un plan de acción. Eso implica destinar recursos en educación, salud y otras áreas. Toda la oferta institucional se activa para atender a las víctimas".

Por otro lado, teniendo en cuenta que en Caldas hay que restituir cerca de 19 mil hectáreas de tierra en 14 municipios, el funcionario asegura que el departamento debería contar con una oficina de la Unidad de Restitución, porque "hoy tenemos que ir a Ibagué", declaró.

Revisión a cifras de víctimas

Acerca de las cifras de víctimas, Alfredo Roncancio Mejía, secretario de Gobierno de Caldas, señaló que es necesario revisar si en realidad hay en el departamento 85 mil personas que debe beneficiar la Ley 1448. "Hay víctimas que van a varias personerías, por lo que quedan varias veces censados", dijo.

Sin embargo, víctimas las hay de Caldas en otras regiones de la misma manera que el departamento, a su vez, es receptor de personas de otros lados afectadas por el conflicto.

Ese es el caso de Adalberto*, un tolimense que se fue para Quibdó (Chocó) hace 15 años. Allí puso su taller especializado en electrónica automotriz. La zona donde vivía estaba rodeada por todos los actores del conflicto.

Sin saber a quien le prestaba su servicios, un día fue cuestionado por hombres armados. "Esa noche me tocó salir corriendo antes del amanecer, porque sabía que si me quedaba me iban a matar". Caminó varias horas por trochas y carreteras. Su desplazamiento terminó dos días después en Bogotá, donde lo acogió una hermana. En la Capital estuvo dos años y luego se radicó en un municipio de Caldas.

En su opinión las cifras de víctimas que contempla el Plan de Acción sí son cercanas a la realidad.

El plan de acción

Jorge Hernán Montoya Jiménez, Jefe de la unidad de seguridad y convivencia de la Secretaría de Gobierno de Caldas, dice que la cartilla Plan de acción departamental para la prevención, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, es el producto de un diagnóstico realizado en encuentros subregionales.

En ellos se definió la estrategia a seguir. "Tenemos que garantizar verdad, justicia reparación y garantía de no repetición. Eso nos implica conocer a la víctima, dónde está y cuál es su prioridad". Anotó que las víctimas reclaman temas productivos porque necesitan trabajar.

Por su parte, Sergio Cuervo Escobar, representante de la Cooperación Alemana GIZ, contó que el papel de esa entidad ha sido el de acercar al Estado con la sociedad civil, para generar confianza, reconocimiento y hacer más visibles a las víctimas. "Ahora lo importante es que se reconozcan y restablezcan los derechos que fueron vulnerados en algún momento", concluyó.

*Nombres cambiados porque las víctimas pidieron reserva de su identidad