LA PATRIA | MANIZALES
Una millonaria indemnización deben pagar la Rama Judicial y la Nación, en cumplimiento de un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Caldas, que resolvió una demanda por fallas en la adecuada administración de justicia y por las que se debe reparar a varias personas. El pago que se deriva de esta decisión asciende a$758 millones 261 mil.
El error, en el que incurrió el Tribunal Superior de Manizales, fue declarar la prescripción de una acción penal que ya estaba debidamente ejecutoriada, en un caso por homicidio culposo y lesiones personales culposas.
El hecho al que se refiere la sentencia ocurrió el 5 de diciembre2001. De acuerdo con el resumen del caso ese día, cerca de las 3:00 a.m., en el sector del Colegio Santa Inés de Manizales, colisionaron los vehículos conducidos por Roberto Arturo Giraldo Carvajal y Fabián Giraldo Marín.
El accidente produjo el fallecimiento de Ximena Bibiana Gutiérrez Castrillón, y lesiones a Óscar Alberto Torres Correa y a los conductores mencionados.
El proceso judicial le correspondió al Juzgado Primero Penal del Circuito de Manizales. El 31 de enero del 2008, ese despacho condenó a Giraldo Marín por los delitos culposos y lo obligó a pagar indemnizaciones a los afectados.
La sentencia fue apelada. En abril del 2011 el Tribunal Superior de Manizales confirmó el fallo inicial. Giraldo Marín interpuso el recurso extraordinario de casación en mayo del mismo año, pero dos semanas después desistió y pidió la prescripción de la acción penal y civil.
Pasados siete meses, en diciembre del mismo año, el Tribunal Superior revocó la sentencia ejecutoriada y concedió la prescripción, según las pretensiones del demandado.
Siguió
Los demandantes intentaron una acción de tutela en el 2013 pidiendo protección del debido proceso, pero esta les fue negada, primero en la Sala de Casación Penal y luego en la Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, la batalla jurídica continuó. De nuevo los demandantes acudieron a la justicia, esta vez ante el Tribunal Administrativo de Caldas. En el 2014 interpusieron una acción de reparación directa en contra de la Rama Judicial y la Nación.
El pasado 20 de junio, la Sala Cuarta de Decisión Oral, con ponencia del magistrado Augusto Morales Valencia, les dio la razón a los accionantes, y condenó a la Rama Judicial-Nación a reparar a las víctimas por el error en la administración de justicia.
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