Por fin llegó la justicia por la muerte de Miguel Ángel

LA PATRIA | MANIZALES

La mirada penetrante del homicida es el principal recuerdo que tiene la esposa de Miguel Ángel Monsalve, de 28 años, quien murió a causa de un disparo con un arma hechiza en la tarde del 28 de agosto del 2013.

Ella permanecía en el andén de su casa observando a su pareja como jugaba con el hijo de ambos, de 6 años, en el barrio Cervantes. Por unas escalas bajó un joven, se paró frente a su víctima, no cruzaron palabras, sacó la pistola y le disparó en la cabeza.

En el 2016 iniciaron las audiencias contra un sujeto de 20 años, quien cometió el delito teniendo apenas 17, por lo que estuvo a cargo de un juzgado penal para adolescentes. Lo declararon inocente y la Fiscalía apeló la decisión que pasó a segunda instancia.

La esposa de Miguel Ángel recordó siempre el rostro del homicida, varias veces se lo encontró de frente entre Cervantes y Campoamor, dice que lo vio crecer, incluso en Facebook lo reconoció y se quejó ante las autoridades, quería que el asesino respondiera.

En segunda instancia

La justicia llegó en abril pasado cuando el Tribunal Superior de Manizales de responsabilidad penal para adolescentes lo encontró responsable por el crimen, aunque siempre negó su autoría. El joven no pudo evadir a las autoridades pagando servicio militar, lograron desvincularlo para que pague su sanción.

Tendrá que permanecer dos años en la Ciudadela Los Zagales. Pero quedó un sinsabor entre los allegados de la víctima, quienes creen que alguien más está detrás del homicidio.

"Esa cara nunca se me va a olvidar. Su pena es poquita para el daño que le hizo a mi hijo. Espero que algún día llegue a confesar", señaló la mujer.

Miguel Ángel laboraba en un hotel en el Centro de Manizales. Su familia lo recordó como un hombre callado, tímido y noble. Le gustaba jugar fútbol y era hincha de Nacional, afición que le heredó su hijo.

Responsabilidad

Todo adolescente mayor de 14 años y menor de 18 es imputable y debe responder por todo delito descrito en el Código Penal, aunque bajo las sanciones que impone el Código de Infancia y Adolescencia que contempla hasta ocho años de privación de la libertad.