LA PATRIA| MANIZALES

La niña doradense Sara Ayolina Salazar, de 3 años, soportó torturas, maltratos y desnutrición. Fue fue asesinada por sus padrinos en Armero Guayabal. La justicia actuó y en segunda instancia el Tribunal Superior de Ibagué ratificó la condena a 39 años y 13 años de prisión para Ángela Johanna Guerra Urueña y Edilberto Rojas Torres, respectivamente. La mujer fue sentenciada por homicidio agravado en concurso heterogéneo con tortura agravada, mientras que su pareja, por tortura agravada.

La niña presentaba quemaduras grado II en su rostro, desnutrición ligera, anemia, entre otros. El caso fue en abril del 2017.

Era de La Dorada y fue entregada a sus padrinos porque su madre no tenía los recursos para mantenerla. Vivía en condiciones infrahumanas y de abandono, lo que le generó daños físicos como la pérdida del cartílago de su nariz, sus dientes y pequeñas mutilaciones en sus dedos, entre otras lesiones que poco a poco fueron sumándose hasta llevarla a la muerte.

El dictamen médico-legal presentado por el ente acusador determinó que murió a causa de zarandeo (cuando una persona es balanceada con fuerza de un lado a otro de manera violenta). Sufrió además trauma severo en cabeza.

Los peritos notificaron también que no había un solo espacio en su cuerpo que no tuviera una lesión o abrasión, así como cicatrices recientes y antiguas.

La Fiscalía presentó 80 pruebas testimoniales y científicas del maltrato sufrido por la niña durante un año, que la llevó a una desnutrición severa.

Del juicio

Durante el juicio declaró la mamá de Sarita. Contó que conoció a los padrinos de la niña porque eran sus vecinos cuando llegó a vivir a ese municipio junto con la pequeña, cuando tenía apenas un mes de nacida.

Allí se hizo buena amiga de ellos y agregó que le parecían buenas personas. Al indagarle sobre los motivos por los que entregó en adopción a la menor, indicó que lo hizo porque era de muy bajos recursos y estaban aguantando hambre, por lo que decidió dejar a su pequeña con los vecinos cuando cumplió los dos años de edad.

"Mientras estuvo bajo mi cuidado, nunca se enfermó. La visitaba cada ocho días o cuando el trabajo me lo permitía. Pasados siete meses la veía muy poco, pues cuando iba a la vivienda los padrinos decían que no estaba o que la tenían de paseo", dijo.

A la menor no la mandaron más al jardín infantil de Armero para que no vieran las condiciones en que estaba.

Aunque el cuerpo de la pequeña tenía evidencias de un abuso sexual crónico, no lograron obtener espermatozoides en el momento de la inspección del cuerpo, ni saber quién fue el culpable de los accesos carnales.