LA PATRIA | MANIZALES
A cinco años de detención domiciliaria fueron condenados siete mineros por los delitos de daños en los recursos naturales en concurso con explotación ilícita de yacimiento minero. El fallo lo emitió la semana pasada el Juzgado Penal del Circuito de Riosucio.
Los hechos se remontan al 25 de mayo del 2012, cuando las autoridades visitaron, en compañía de Corpocaldas, predios de la finca Buenos Aires, vereda El Oro (Riosucio), para verificar los daños ambientales asociados a una explotación ilegal.
En su recorrido hallaron, entre otros, explotaciones subterráneas y varios elementos usados para ello. Los hombres no portaban documentos que autorizaran esa labor, fueron aprehendidos en flagrancia y dejados a órdenes de las autoridades.
El 26 de mayo de ese año, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Supía con función de control de garantías, se legalizó la captura y la incautación de los elementos. Los mineros no aceptaron cargos y quedaron en libertad provisional.
Durante el juicio oral, ingenieros que sirvieron de testigos indicaron que hallaron varios socavones que desviaban el cauce de la quebrada La Mina, así como la existencia de motobombas para el ejercicio ilícito de la actividad minera.
Un funcionario de Corpocaldas explicó que cuando llegaron al sitio encontraron a varias personas dedicadas a la explotación aurífera a cielo abierto y sobre una quebrada, utilizando maquinaria pesada a unos 20 metros sobre su cauce.
La defensa de los mineros dijo que no debían ser condenados y resaltó sus cualidades personales, la ausencia de antecedentes y que no se reunieron para delinquir, pues solo buscaban recursos económicos para subsistir.
El juez expresó en la lectura de sentencia que no hay duda de las infracciones cometidas por los mineros, pues ejercieron una actividad ilícita, sin permiso, en predios privados (son de la reforestadora Andina) y causando daño irreparable a los recursos naturales en la búsqueda de oro.
Los condenados deben pagar una multa de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el 2012, a favor del Consejo Superior de la Judicatura. Es decir, $85 millones.
Les dieron detención domiciliaria por tratarse de una pena menor a ocho años.
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