Ollas del microtráfico, tan solo un eslabón de la cadena

LA PATRIA | MANIZALES

De ollas también sabe Caldas. La orden perentoria del presidente Juan Manuel Santos para que las autoridades acaben con 24 grandes expendios existentes en 20 ciudades del país volcó la atención de los medios sobre la de más renombre: El Bronx, en Bogotá, conocido antes como El Cartucho.

En Manizales, es bien sabido, han operado reconocidos sitios de venta y consumo de droga liderados durante años por fuertes organizaciones en la Galería y algunos barrios. En Anserma, hace poco, la Policía reportó capturas en el Centro, donde el negocio lo manejaban Los Galeanos. Así se van haciendo más públicos aquellos nombres pronunciados con frescura en la clandestinidad.

Desde el anuncio presidencial, el pasado 2 de abril, en el departamento la Policía ha reportado 193 capturas de personas relacionadas con esos puntos de expendio en Manizales, Pensilvania y La Dorada, a lo que se suma el fuerte golpe que ya le habían dado a la red del narcotraficante Hernando Ríos Valencia, alias Culebro, quien controlaba las ollas en los sectores Sideral, 20 de Julio, Galería, El Carmen y Los Agustinos, en Manizales.

La pregunta es si se acabarán, como pretende Santos. Los especialistas han respondido con escepticismo. Incluso fuentes de la Policía consultadas por LA PATRIA consideran que hay que hacer un poco más para ver resultados concretos.

"No impactará el mercado"
Ariel Ávila, investigador de la Corporación Nuevo Arco Iris, ONG especializada en análisis de seguridad, explica que, al menos como se ha planteado, la estrategia no impactará el mercado de drogas: "Realmente hoy las grandes ollas, en ciudades como Medellín y Bogotá, se encuentran en bares, discotecas, clubes nocturnos, hoteles y moteles. Eso está acabando las ollas callejeras". Sí servirá, agrega, para mejorar la percepción de seguridad.

Critica que se ataque a las personas y no al circuito comercial de la droga. Esa es la razón para que, por más capturados que hayan, el negocio continúe, pues el lugar de quienes van a la cárcel lo ocupan otros que siguen haciendo lo mismo. "No se ataca el lavado de activos, el transporte, la producción", agrega el experto.

Hay que tener en cuenta que las ollas son solo una parte del negocio, apenas "un eslabón de la cadena de economías ilegales que están detrás, y cuyos beneficios son percibidos por organizaciones criminales mayores", escribió la semana pasada en Razón Pública el politólogo Juan Carlos Garzón, investigador del Centro Woodrow Wilson.

La Policía de Manizales, de todas formas, pone como ejemplo lo que logró contra la red de Culebro, pues lo tiene como referencia de un trabajo más completo de lo común. Tras el golpe, indica una fuente del grupo de estupefacientes de la Sijín, lograron debilitarla notablemente porque no solo se fueron con toda contra los jíbaros, sino que llegaron hasta los sitios de empaque, generalmente alejados de las ollas, y comprometieron así una serie propiedades valoradas en $ 5 mil millones que entrarán a procesos de extinción de dominio. "Les afectamos las finanzas", puntualiza.

Este policía advierte, sin embargo, que desde hace un tiempo los delincuentes han cambiado sus métodos, pues ellos, ante la estrategia de comprometer seriamente los inmuebles que se prestan para el expendio, comenzaron a mover las ventas con mayor fuerza en las calles. Eso implica que los roles dentro de la organización aumenten y se vuelva más compleja (ver infográfico), y que la investigación sea más dispendiosa.

¿Cumplirán?
El reto que impuso el presidente es enorme, más si es solo a 60 días. Para poner un ejemplo, a pesar de haber capturado a cerca de 40 personas, incluido Culebro, el investigador de la Sijín admite que no puede asegurar que hayan desmantelado totalmente esa organización. Además en Caldas quedan, de acuerdo con sus cifras, 62 expendios identificados que para desmantelarlos totalmente, y no solo tumbar las ramas, requerirán dispendiosas investigaciones. Desde el 2007 han ocupado 112.

Otro punto le preocupa: una escasa garantía de verdadera justicia. La mayoría de esos capturados aceptó cargos por tráfico de estupefacientes y se benefició con generosas rebajas de pena que incluso están pagando en sus casas, porque son cabezas de familia y tienen hijos que dependen de ellos. Algunos obtuvieron permisos para trabajar, entre ellos el jefe de la organización.

El investigador de Arco Iris considera que el choque entre Policía y justicia es interminable, y que a pesar de las fallas en el diseño jurídico, el foco no debe estar en el aumento de penas, sino en el ataque a las cabezas del narcotráfico. "La estrategia también debe incluir una campaña agresiva de publicidad y prevención para evitar el consumo, y atacar la corrupción, que es de todo el mundo.

La secretaria de Gobierno de Manizales, Paula Andrea Sánchez, indicó que por lo pronto solicitarán mayor acompañamiento de la fuerza pública y más pie de fuerza para poder intervenir las ollas. "Las labores de inteligencia se están desarrollando. Se requiere un trabajo constante para que además de desenterrarlas nunca más vuelvan a estar en el lugar. Ese plan ya lo tenemos y lo viene trabajando la Policía".

Un comerciante que ajusta 17 años en el sector es categórico: la situación no ha cambiado desde hace "unos seis o siete años, cuando comenzaron a vender tanto vicio". Se queja porque casi a diario debe limpiar los excrementos de los consumidores, que mantienen día y noche en los andenes. Además también ha sido testigo y víctima de atracos. "Es que por acá hay unas bandas muy berracas".

Lo hecho en Bogotá

La administración del alcalde Gustavo Petro, en Bogotá, decidió intervenir desde febrero la que es considerada la olla más grande del país: El Bronx, conocida antes como Calle del Cartucho. Desde febrero pasado ese sector se lo tomaron funcionarios de la Alcaldía y la Policía, para expulsar las mafias que controlan la droga, recuperar el espacio público y restablecer los derechos de los habitantes de la calle, indica información oficial. Así, les garantizan alimentación y llevan a albergues a quienes se identifican como población flotante. Ya inauguraron un jardín infantil para 42 niños de la zona y pretenden usar inmuebles a los que se les aplicó extinción de dominio para alojar y atender a los habitantes de la calle. El pasado 2 de abril el presidente Juan Manuel Santos, desde allí, anunció que esta experiencia debería ser replicada en otras ciudades del país.