LA PATRIA | MANIZALES
Unos elementos de prueba que no le fueron legalizados a la defensa del concejal de Manizales Víctor Cortés Carrillo llevaron a interponer una acción de tutela, que le fue negada por improcedente, pero logró que aplazaran una audiencia para el próximo año.
El político liberal está acusado por acceso carnal y acto sexual, ambos con menor de 14 años. Le imputaron cargos el 8 de abril del año pasado y en fechas posteriores le confirmaron los cargos en audiencia de formación de acusación.
Lo que sigue en el proceso es la audiencia preparatoria en la que la Fiscalía y defensa deben enunciar las pruebas que llevarán al juicio oral y sustentar de forma adecuada por qué son pertinentes y necesarias.
Según la acción de tutela interpuesta por la defensa, se recurrió a este mecanismo para proteger el derecho al debido proceso, a la legalidad y a la defensa.
La tutela se dirigió contra los juzgados Sexto Penal Municipal con Función de Control de Garantías y de Primero Penal del Circuito de Manizales. Así mismo, se vinculó al juzgado a cargo el proceso y a las víctimas.
Trámite tardío
La representante judicial del concejal narró en el escrito que el 30 de junio intentó legalizar unos elementos de prueba, obtenidos a través de una búsqueda en base de datos autorizada por jueces de control de garantías.
La diligencia le tocó por reparto al Juzgado Sexto Penal Municipal de garantías, que se negó a legalizar los elementos presentados por extemporáneos, pues la defensa se pasó de las 36 horas para llevar a cabo la aprobación por un juez competente.
Apeló la decisión, pero el Juzgado Primero Penal del Circuito confirmó el 18 de agosto lo que decidido el anterior. Ambos despachos coincidieron en que a medida que se fueran consiguiendo los elementos había que legalizarlos, pero la defensa esperó a reunirlos todos y se le fueron venciendo los tiempos exigidos por la ley.
El 19 de septiembre, faltando tres días para la audiencia preparatoria, el Tribunal Superior de Manizales admitió la acción de tutela en la que se pedía como medida cautelar el aplazamiento de la misma. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito, que tiene el conocimiento del proceso, respondió que ya lo había hecho y se fijó el 8 de febrero del 2023 para su realización.
Decisión
Los que respondieron la tutela indicaron que era improcedente o que se negara la pretensión, porque la norma que se aplicó para que los elementos no fueran legalizados fue la correcta.
El Tribunal Superior de Manizales, luego de estudiar los diferentes argumentos negó por improcedente la pretensión. La decisión se puede impugnar.
Los elementos de prueba que busca legalizar la defensa del concejal Cortés Carrillo, y aún lo puede lograr con el tiempo ganado, son sobre todo documentos sometidos a reserva, entre ellos historias clínicas y requieren que un juez de garantías les imprima legalidad.
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