LA PATRIA | MANIZALES
Esta se convirtió en la segunda semana del juicio oral contra tres exfuncionarios de Aguas de Manizales, a quienes investigan por la tragedia del barrio Cervantes, en noviembre del 2011, en la que murieron 48 personas y otras 10 resultaron heridas.
Está programado hasta el 9 del siguiente mes. Sin embargo, podría prolongarse hasta el próximo año, en lo que estuvieron de acuerdo los abogados José Hernando Jiménez Mejía, por las víctimas, y Rafael Mejía Guevara, por los señalados.
Los acusados por homicidio y lesiones culposas son Álvaro Andrés Franco, gerente de Aguas de Manizales 2008-2012; Diana Gómez Zuluaga, subgerente de servicio al cliente 2005-2012, y Sebastián Henao, subgerente técnico para la misma época.
Por los estrados desfilan los testigos de la Fiscalía y luego se dará espacio a los de la defensa. Los testimonios de técnicos que buscarán recrear la escena de los hechos se convertirán en pieza clave para determinar si hay o no responsabilidad de los exempleados.
Ayer, el ente acusador presentó a una investigadora que efectuó trabajos de campo como la identificación de cuatro tubos que habrían ocasionado la tragedia y bajo qué protocolo se entregaron a integrantes de la Universidad Nacional de Bogotá, quienes en un estudio demostraron el mal estado de unos tornillos que empataban los tubos.
Según Mejía Guevara, se ha avanzado a buen ritmo, pero se trata de un proceso complejo con pruebas y testigos que requieren de un tiempo razonable y muestra de ellos son los testigos que han pasado durante un ejercicio fuerte y agotador.
"Para refutar la teoría de la Fiscalía traeremos expertos que conocen de los sistemas y a algunos que tuvieron contacto con el lamentable evento. Veo complejo que termine este año, llevamos dos semanas y queda otra semana programada", explicó el abogado.
Jiménez Mejía aseguró que el juicio se hace demorado por la necesidad de ubicar a testigos e investigadores, y en algunos casos los testimonios se hacen más relevantes para apalancar la posición de la Fiscalía.
"Los técnicos harán simulaciones y resolverán los interrogantes que la comunidad de Cervantes necesita conocer. Se va a demostrar que hubo negligencia de ciertos funcionarios al no tener un sistema de call center o PQRS, y se verá que las autoridades de Aguas de Manizales cometieron omisiones en el mantenimiento de la red de acueducto", concluyó el abogado de víctimas.
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