COLPRENSA | LA PATRIA | MANIZALES
La Procuraduría General de la Nación analizará las posibles conductas irregulares en que pudieron incurrir la Gobernación de Caldas y la Agencia Nacional de Minería tras el accidente que ocurrió en mayo pasado en Riosucio, donde fallecieron 15 mineros.
El hecho, al parecer, se presentó a raíz de una inundación causada por la irrupción del río Cauca en cuatro bocaminas de la mina El Playón, área sobre la cual existía una solicitud de minería tradicional.
Cuando ocurrió el accidente, el Grupo de Asesores en Minas, Hidrocarburos y Regalías pidió información a las entidades señaladas con el fin de establecer las acciones adelantadas frente a la petición existente sobre este predio, radicada desde el 26 de febrero de 2013.
De acuerdo con la información de la agencia minera, La Procuraduría advirtió que "desde el 19 de mayo del 2014, cuando avocó conocimiento de dicha solicitud, no registra ninguna otra actuación hasta el día del incidente, es decir, el 13 de mayo del 2015, cuando se procede a hacer la evaluación técnica, y demás actuaciones que concluirían dos meses después con el rechazo de la solicitud".
Aunque existía la petición, no se registraron avances sustanciales que permitieran advertir y prevenir los posibles riesgos de la actividad extractiva que se estaba adelantando en la mina el Túnel.
La Procuraduría revisará las actuaciones de quienes tuvieron a su cargo el estudio y trámite de la solicitud en la Gobernación y en la Agencia Nacional de Minería, para determinar si hubo conductas que puedan ser objeto de sanción disciplinaria.
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