LA PATRIA | MANIZALES
Ante un juzgado penal municipal de Manizales inició ayer la audiencia de control de garantías contra el abogado Samuel Arturo Sánchez Cañón, señalado por concierto para delinquir agravado y soborno en actuación penal, delitos que le imputó un fiscal especializado contra el crimen organizado, de Medellín.
La investigación, a cargo de la Dijín, se inició en marzo pasado, posterior a la captura de alias Guacamayo, a quien consideran como el heredero de las ollas de vicio y del sicariato, en La Galería, así como los robos de altas sumas de dinero en la capital caldense.
Según la Fiscalía, un testigo que habría pertenecido a la banda confesó que estuvo en contra de cometer un hurto al apartamento del exsenador Ómar Yepes. Pero en una reunión, el líder lo amenazó de muerte con un arma de fuego y debía seguir con el plan.
En noviembre del 2015, durante un puente festivo, se llevó a cabo el asalto, desconocidos amordazaron a los vigilantes y algunos ocupantes de un edificio y extrajeron cajas fuertes, sobre las que se desconoce la cantidad que robaron.
Fue así como tras la detención de Guacamayo, alias Maravilla, su hermano, buscó al testigo en la cárcel La Blanca y le pidió que cambiara la versión porque necesitaban ver al líder afuera. Para eso llegaría un abogado.
Se trataría de Sánchez Cañón quien, acompañado de su investigador, se reunió con él en varias ocasiones en el centro carcelario, le ofreció $30 millones y le hizo firmar unos documentos en los que supuestamente estaba el nuevo testimonio. El denunciante firmó, pero puso una cruz al lado para tenerla como prueba.
El testigo les contó a los investigadores que no le interesaba el dinero, sino aclarar lo que ocurría, pues tanto su vida como la de su familia corrían riesgo.
El miércoles pasado se llevaron a cabo tres allanamientos en las viviendas de Sánchez Cañón y de su investigador, en Villamaría, Manizales y en la oficina del abogado, en el Centro. Los investigadores decomisaron documentos, computadores, celulares y memorias USB como posible pruebas.
Sánchez no se calló
Durante la audiencia, el abogado pidió autorización para hablar. Notablemente alterado sostuvo que el operativo para efectuar su captura en el Centro fue desproporcionado. Dijo que solo cuenta con una condena por interés ilícito en celebración de contrato y por la que todavía pelea su inocencia.
Sobre los antecedentes que la Fiscalía señaló como desaparición forzada, soborno, amenazas, infidelidad a los deberes profesionales y estafa, negó alguna investigación y dijo que en 30 años de su profesión no ha tenido amonestaciones. El ente acusador se ratificó.
Culpó a un investigador de la Dijín de ensañarse con él por haber logrado sacar inocente a un hombre, sobre el que declaró que se trató de un falso positivo del funcionario señalado.
Este proceso no quiere decir que el imputado sea culpable, simplemente que en su contra se adelanta una investigación y será un juez de la República el que decidirá si lo condena o lo absuelve.
Porte de armas
Al investigador que labora con Sánchez lo capturaron porque en su vivienda encontraron balas de revólver. Sin embargo, la defensa alegó que estas corresponden a un arma que le robaron al señalado en el 2015 y sobre la que tiene permiso para porte.
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