Desde que se conoció el abuso del que fue víctima un menor dentro del Batallón Ayacucho de Manizales, el gran avance de la investigación fue descubrir que el señalado de cometer dicha conducta, tendría un proceso penal por hechos semejantes en Pasto (Nariño).
Los padres del menor, un sargento del Ejército y su esposa, en estos meses se han asesorado de un abogado en Bogotá. De igual manera, el grupo de trabajo de la senadora Gilma Jiménez, recordada por el fallido referendo sobre cadena perpetua para violadores, conocieron del tema y obtuvieron información de la medida de aseguramiento que pesa sobre el presunto abusador.
Este medio tiene copia de la certificación expedida por la Policía de Nariño, según la cual el Juzgado segundo penal del circuito de Pasto, ordenó el 21 de octubre de 2011 "medida de aseguramiento y detención preventiva intramural, por actos sexuales con menor de 14 años".
Carlos Obregón, abogado de la familia, anotó que en el proceso es notoria la lentitud de la justicia, pero también la desatención psicológica para el menor y el núcleo familiar.
La mamá del niño habló con LA PATRIA y expresó que la atención a su hijo no pasó de la primera evaluación psicológica. La recomendación que le hicieron es que al menor había que asistirlo con terapias dos veces por semana y a la familia completa una vez cada semana.
Sin embargo, a comienzos de noviembre, cuando habían pasado solo 48 horas desde que interpusieron la denuncia ante la Fiscalía, al padre del niño, lo trasladaron al Guaviare.
Al parecer antes del abuso del que fue víctima su hijo el suboficial solicitado de traslado, pero ahora trata de que los mandos en Bogotá le reconozcan la condición actual, para que la familia pueda permanecer unida a fin de superar la situación que padecen todos.
La madre del menor espera sobre todo, según le dijo a este medio, que se haga justicia y capturen al responsable del abuso a su hijo, pero también que el Ejército sea efectivo en gestionar la atención al menor, sobre todo teniendo en cuenta que el abuso sucedió dentro de una unidad militar, así la haya cometido un civil.
Sobre los antecedentes del sujeto, ella afirma que durante los cinco meses que estuvo allá, nunca supo que el sujeto tuviera ya problemas con la justicia. Solo comenzó a saber de ello 15 días después del abuso a su hijo.
Por su parte el abogado de la familia informó que el abuso ocurrió durante varios meses. De acuerdo con la denuncia, fue entre agosto y noviembre de este año. Obregón agregó que el abusador le infundió miedo a su víctima para que no contara los vejámenes a los que obligaba al niño.
En el silencio del menor influyó la amenaza del victimario de que su hermana, una oficial que es contadora del Batallón, podía hacer echar del Ejército al papá, ya que tenía mayor autoridad. Y si eso pasaba, el sargento le iba a pegar.
Para el abogado, la contundencia de lo sucedido y la falta de resultados, podrían llevar a solicitar el traslado del proceso a Bogotá, a donde la familia también estaría pensando en radicarse.
La situación judicial previa del presunto abusador del niño en el Batallón Ayacucho, la desconocía la Octava Brigada, según comentó el coronel Marcos Evangelista Pinto, comandante de la guarnición.
Aseguró además que ellos como esperaban que se emitiera la orden de captura. La denuncia del hecho la reportaron el 2 de noviembre los padres del menor, pero la orden de captura la expidieron el 9. Ese tiempo fue más que suficiente para que el hombre escapara y hoy se encuentre escondido.
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