LA PATRIA | MANIZALES
Durante 11 años, ocho exfuncionarios de la Alcaldía de Luis Roberto Rivas Montoya, incluido él, soportaron un proceso penal por presuntas irregularidades en Manizales Segura. Los señalaron de violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y celebración indebida de contratos.
Sin embargo, la semana pasada, un juez dictó sentido de fallo absolutorio, pues no encontró pruebas suficientes para condenarlos.
Manizales Segura fue creado en el 2006. Era un impuesto que buscaba recaudar recursos para invertir recursos para la seguridad de la ciudad. Al año siguiente, la Contraloría anunció hallazgos fiscales tras un estudio preliminar, lo que dos años después llevó al inicio del proceso judicial (ver cronología).
La semana pasada, el ente acusador solicitó la nulidad del proceso, petición que apoyaron la Procuraduría y la defensa de las víctimas. LA PATRIA habló con cuatro de los seis abogados para saber qué les dejó este proceso y su opinión sobre el papel de la Fiscalía, que siguió el proceso sin contar con material probatorio para demostrar que hubo delitos.
"El proceso fue accidentado, con bastantes debates, pero dentro de los parámetros exigidos. Sin embargo, la sensación de que pudo terminar antes era evidente. Desde que las instancias superiores excluyeron la mayoría de la prueba no había un gran sustento para continuar, pero el fiscal hizo su rol y luchó hasta el final por salvar su caso.
Rafael Mejía Guevara.
"Una cualidad de la justicia es que sea pronta y cumplida. En este caso se demuestra que lo que se implementó como Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), como una nueva de procesamiento y juzgamiento, no debe ser la solución a las fallas estructurales de la justicia. Si fuese así, este proceso tendría que haber terminado hace muchos años, pero la verdad es que esa indefinición de la suerte procesal a la que se sometió a la gente conllevó a que, como todos fueron absueltos, se presenten las correspondientes demandas administrativas, porque todo obedeció a una falla en el servicio. El SPOA se promocionó como un instrumento que permitiría que los procesos judiciales acabaran más rápido. La Fiscalía vinculó a una cantidad de personas, pero en realidad ese procedimiento no se ajustó a los plazos razonables. El sistema tiene fallas estructurales desde la manera como la Fiscalía investiga, imputa y acusa, por lo que se hace necesaria una revisión. Siempre es más larga la injusticia y aunque corta la verdad, os hará libres.
José Fernando Ortega Cortés
"Este caso es muy sui géneris y especial dentro del Sistema Penal Acusatorio. Para que quede en firme dependemos de que el fiscal apele o no. Los hechos pueden ser ciertos, pero la recaudación de la prueba por el ente acusador no fue dentro de los parámetros legales y constitucionales, que tiene un protocolo establecido.
Esto es lo que se llama fruto del árbol envenenado. Es decir, cuando la prueba es ilegal o ilegalmente recaudada, queda viciada de nulidad y con eso no se puede condenar. De ahí que el fiscal haya pedido nulidad en el juicio, pero no era el momento oportuno. Por eso el juez dio sentido de fallo absolutorio. El Estado Social de Derecho debe respetar esa posición.
Aristides Betancur Ciuffetelli.
"Han transcurrido muchos años. La acción penal prescribió para unas personas y continuó para otras. En juicio, la Fiscalía no pudo demostrar la teoría del caso, es decir, la existencia de los hechos y las responsabilidades de los acusados, pues se quedó sin pruebas. La mayoría quedaron excluidas y por eso el fallo absolutorio. Esperemos qué decide el ente acusador.
Ramiro Henao Valencia.
El 29 de noviembre, desde las 2:00 de la tarde, se cumplirá la audiencia de lectura de sentencia. Ahí el juez dirá por qué absolvió a los procesados. Ese día la Fiscalía determinará si apela. En caso de hacerlo, será el Tribunal Superior de Manizales quien tome la segunda decisión.
"Lamento que el debate probatorio no se hubiese podido realizar con la altura que ameritaba un caso tan emblemático y publicitado por el entonces contralor, Alirio Mendieta, reconocido actor político; y la auditora Fabiola Delgado Morales. Ella, hasta el último minuto, trató de sostener lo insostenible: un fracasado proceso auditor que se archivó por carecer de fundamentos. La citada profesional hasta el día de hoy no 'sabía' que su invención había sido sepultada por infundada, hace más de un quinquenio, por la Contraloría General de la República.
Esperé 11 largos años con la absoluta tranquilidad, convicción y determinación el poder haber controvertido y debatido en derecho cada prueba anunciada por la Fiscalía. Nunca sentí temor al debate con altura y en estricto derecho. Sé qué en mis ejecutorias actúe con probidad, honestidad y ante todo entregué lo mejor por la convivencia y la seguridad de los manizaleños, lejos de pensar que iba a estar sometido a una situación personal y familiar tan tortuosa y dolorosa para mí y mi familia.
Profeso un profundo respeto por la Fiscalía y su labor. Sin embargo, no se puede perder el norte ni obnubilarse en pasiones desmedidas.
Julián Andrés Vasco, exsecretario de Gobierno absuelto.
Luis Roberto Rivas Montoya
Ariosto Montoya Sierra
Natalia Andrea Gallo López
Diana Jimena Ramírez Barrera
Mauricio Vieco Vieco
Julián Andrés Vasco Loaiza
Antonio Kurmen Torres
Alberto Jiménez Cifuentes
En este proceso, según la Judicatura, se reportaron 12 aplazamientos solicitados por la defensa y uno más por la Fiscalía.
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