LA PATRIA | MANIZALES
Un club nocturno, una joyería, un estanquillo y una empresa de plásticos figuran entre los cerca de 100 bienes a los que se les adelantan procesos de extinción de dominio por lavado de activos.
Se trataría de propiedades en las que los cabecillas de Los de la Montaña o Clan los Npr o blanquearon los dineros provenientes del narcotráfico. Por esos días se realizan las correspondientes notificaciones a los testaferros que los tienen a su nombre en Manizales.
El plan hace parte de la operación en cabeza de la Dijín y de una Unidad de la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Medellín, la misma que hace dos semanas les imputó cargos a 10 hombres y a una mujer por concierto para delinquir, como lo contó LA PATRIA.
Como antecedente de los procesos de extinción de dominio se recuerda que hace cinco años se realizó una actividad similar en la que se ocuparon bienes de alias Culebro en Manizales, Risaralda y San José, avaluados en unos $5 mil millones.
El mencionado ha sido hombre de confianza de los jefes de la organización y durante cinco años, entre el 2007 y el 2012, se encargó del manejo financiero hasta que la Policía lo capturó. Paga una condena por concierto para delinquir, pero está próximo a recobrar la libertad por pena cumplida.
Golpes
En una acción reciente, la Dijín y el Ejército llegaron hasta un laboratorio del Eln en el Chocó, donde Los de la Montaña encargaron la producción de una tonelada de cocaína con el objetivo de llevarla a Norteamérica por el Pacífico.
En el operativo capturaron a tres guerrilleros del frente Resistencia Cimarrón del Eln. Por la producción del alcaloide se pagó un adelanto de $300 millones.
De manera simultánea, en Manizales, la Dijín capturó a ocho personas que hacen parte de la estructura criminal que opera en Manizales desde 1992. La única mujer detenida en esa acción tendría un vínculo sentimental con alias Guacamayo, actualmente recluido en la Cárcel La Blanca.
Procedimiento
La extinción de dominio no implica una ocupación inmediata por la fuerza legítima del Estado a bienes obtenidos con recursos ilícitos, sino que se trata de un proceso iniciado por la Fiscalía en el que se notifica al implicado o quien aparezca como titular, para que presente recursos contra la resolución que respalda el procedimiento.
Si el notificado tiene la razón se archiva el proceso. De lo contrario, continúa. En el trámite se pueden aplicar medidas cautelares para evitar, entre otras, el traspaso de la propiedad. La decisión final la adoptará un juez luego de practicar las pruebas que requiere un proceso judicial.
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