Noticias de Manizales y Caldas,
Noviembre 25 2024
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LA PATRIA | MANIZALES
A unas 10 personas les imputaron cargos por falsedad ideológica en documento público, ante un juez con función de control de garantías de Manizales. Los detenidos expedían certificados de revisión técnico-mecánica sin que los vehículos cumplieran los requisitos.
En las primeras horas del miércoles se llevó a cabo una operación en la que trabajaba la Sijín de Manizales desde hace un año y medio, cuando conoció denuncias sobre las irregularidades.
Todo apunta a que la expedición de certificados de revisión se realizaba sin que los vehículos fueran llevados un centro de diagnóstico automotor de la capital de Caldas o les daban el documento, aunque no pasaran las pruebas.
Los investigadores de la Sijín realizaron al menos una diligencia de allanamiento y registro a un centro de diagnóstico automotor que funciona en el centro de la ciudad desde hace cuatro años.
El objetivo era recolectar elementos de prueba sobre la ocurrencia de los delitos y establecer a quiénes se les expedía el certificado sin cumplir los requisitos.
De igual manera, se llevó a cabo un operativo en la terminal de transportes, en donde capturaron a varios involucrados, en cumplimiento de órdenes judiciales expedidas por otro juez de garantías hace ocho días.
Aspectos de la investigación
El 31 de julio del año pasado se legalizaron ante un juez de control de garantías las primeras actuaciones relacionadas con vigilancia y seguimiento a lugares y personas.
En el dosier de la investigación figuraban unas 12 personas señaladas de expedir certificados de revisión técnico-mecánica a vehículos y motocicletas, sin cumplir los requisitos exigidos por la ley y se señalaron los establecimientos donde se desarrollaba la actividad ilícita.
Con posterioridad a las primeras actuaciones se iniciaron varias interceptaciones telefónicas legalmente autorizadas. Se incluyó luego una consulta de información a Migración Colombia, también ordenada por un juez.
Estos elementos, entre otros, se expusieron durante las audiencias preliminares para soportar las imputaciones a los vinculados a la investigación. Este medio conoció que algunos no serían privados de la libertad, pero seguirán investigados.
El delito
La falsedad ideológica en documento público (artículo 286 de la Ley 599 de 2000), es cuando un servidor público en ejercicio de sus funciones extiende un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad. Aplica también a los privados delegados para la prestación del servicio público. La pena mínima por este delito es de cinco años y cuatro meses de prisión.
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