Noticias de Manizales y Caldas,
Enero 11 2025
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LA PATRIA | MANIZALES
Mientras se esperan las soluciones, siguen las muertes. 65 suma Caldas en accidentes dentro de minas en los últimos seis años. A eso hay que añadirles los homicidios que aporta la lucha por la minería ilegal, como los tres ocurridos hace dos semanas en límites entre Norcasia y San Miguel (Antioquia).
La Policía y la Fiscalía continúan con sus operativos contra la minería ilegal. Este año reportan 116 capturas en La Merced, Supía, Norcasia y Riosucio, entre otros.
A la vez, los organismos de socorro de poblaciones cercanas al río Cauca y otros afluentes siguen atentas a accidentes mineros. 32 han atendido en el 2020 bomberos de Marmato, Arauca (Palestina) y Anserma.
En Colombia, la minería la regula la Ley 685 de 2001 (Código de Minas). Establece que el subsuelo es propiedad del Estado. Se tramitan permisos por 3 años para exploración (en la cual no se permite la extracción de minerales) y hasta 30 años para explotación, cierre y abandono.
Según la Policía, cuando esta actividad es ilícita trae más problemas. No solo es por los accidentes, sino que se afecta la seguridad: extorsiones de grupos criminales, incremento de homicidios, tráfico y microtráfico, explotación infantil, incremento de prostitución, desplazamiento forzado, aumento de la pobreza, violación de derechos laborales, daño a fuentes hídricas, contaminación, uso de mercurio, cianuro y otras sustancias peligrosas.
“Es de las principales fuentes de financiamiento de organizaciones criminales a través de la extorsión y el ingreso de maquinaria e insumos”, explicó Carabineros.
La Procuraduría ha manifestado que la minería ilegal imposibilita el desarrollo sostenible de la economía nacional y genera informalidad. Que la alta rentabilidad generada a bajo costos lleva a que se incentive la ilegalidad, sin contratos de trabajo, sin prestaciones, con subempleo y menos acceso de los adolescentes a la educación.
“Se suele asociar al patrocinio de otras actividades ilícitas como financiación del terrorismo y de las bandas criminales. En 151municipios de 25 departamentos convergen actividades de minería ilegal y presencia de armados ilegales. Como se trabaja sin medidas de seguridad, se incrementan los siniestros”.
En el 2012, la Policía diseñó la Estrategia de Intervención Integral contra la Minería Ilegal, en la que cada especialidad se encarga de una labor y determina los pasos que se deben seguir para un operativo.
En Caldas, este año han ejecutado 20 operativos (ver Operativos de este año). Sin embargo, las acciones no las avalan los afectados.
Rubén Darío Rotavista Vanegas, vicepresidente de la Asociación de Mineros Tradicionales de Marmato, rechazó los operativos de las autoridades e indicó que la solución no es criminalizar la actividad que ha sido ancestral y da sustento a miles de familias.
“Legalizar no es capturar y judicializar. Se deben proponer proyectos de ley que nos beneficien y ofrecer opciones de vida. Hay que generar una discusión prudente”.
Alonso Moreno Hernández, de Supía, manifestó que en días pasados unos jóvenes trabajaban la minería con motores pequeños, en unos huecos. “El equipo lo usan para sacar el agua, pero no afectan. Fueron tratados como delicuentes, los expusieron y les quitaron los elementos, que apenas pagaban. Deberían devolvérselos, de eso viven. Aunque sea para venderlos”.
El alcalde de Supía, Marco Antonio Londoño Zuluaga, a principio de año, se mostró en desacuerdo con el operativo que terminó en la captura de 17 personas de su municipio.
Argumentó en un comunicado: “la actividad que ejercen no causa un daño ambiental a gran escala porque la minería que desarrollan es artesanal y alejada de un proceso industrial”. Pidió, de paso, brindar mecanismos que permitan a la población el desarrollo de esta actividad, con capacitaciones tendientes a regularizar a los mineros artesanales y ancestrales.
La Policía le salió al paso en esa ocasión e indicó que así un terreno pertenezca a privados, quienes quieran explotar los recursos deben gestionar los permisos ante la Agencia Nacional de Minería (ANM).
El 6 de julio pasado, el Gobierno Departamental firmó un acuerdo de voluntades con entidades públicas y privadas para planear las líneas estratégicas que apunten al desarrollo minero con la cofinanciación de proyectos y la implementación de buenas prácticas para prevenir lesiones y muertes.
“Queremos trabajar para que los escombros de la veta sean mejor gestionados, para que los molinos generen un vertimiento a ríos más controlado, porque hoy el de Marmato está envenenado. También adelantaremos un trabajo de legalización, de articulación con la minería ancestral; queremos que quienes todavía tienen un nivel alto de ilegalidad puedan ir migrando a la legalidad y que trabajemos más articuladamente para que el oro en Marmato perdure”, dijo el gobernador.
El alcalde de ese municipio, Carlos Yesid Castro Marín, expresó que se busca apoyar a los mineros, porque la formalización no es una meta, sino un medio para que ellos puedan tener realmente el apoyo y no anden por ahí como si fueran delincuentes.
Gabriel Patiño Velásquez, coordinador del Punto de Atención Regional Manizales de la ANM, explicó que quien extraiga ilicítamente minerales a orillas de los ríos y cause graves daños a los recursos naturales o al medio ambiente incurrirá en prisión de 32 a 144 meses.
“Los alcaldes procederán a suspender, en cualquier tiempo, de oficio o por aviso o queja de cualquier persona, la explotación de minerales sin título inscrito en el Registro Minero Nacional. La omisión del alcalde de esta medida, después de recibido el aviso o queja, lo hará acreedor a sanción disciplinaria”.
Sobre actividades que adelanten con los llamados ilegales, el funcionario indicó que hay dos estrategias: Formalización y legalización minera.
La primera, para que las comunidades que ejercen la actividad a pequeña escala trabajen bajo el amparo de un título. La segunda, proceso que realiza el Gobierno para aquellos que extraen el mineral sin autorización del Estado, pero tienen la intención de legalizar y regularizar su actividad.
“Las solicitudes de legalización aplicaron en momentos específicos cuando se dieron cambios a la legislación minera (Código de Minas). Actualmente esta figura no puede ser aplicada a nuevas solicitudes, pues los plazos para acogerse se encuentran vencidos. No obstante, hay mineros que están trabajando con esta modalidad, ya que presentaron la solicitud en el plazo correspondiente y aún no han concluido el trámite”.
Tras la triple muerte de hace dos semanas en la vereda Quebrada de Roque, de Norcasia, el coronel Luis Alberto Gómez Luna, comandante de la Policía Caldas, enfatizó en que no bajarán la guardia en la lucha contra la minería ilegal, a la que atribuyó el hecho. Por esa matanza se reforzó la seguridad en esa zona, con 60 policías y ya dieron algunos golpes hace ocho días.
En una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo del año pasado, dedicada al oriente de Caldas, se menciona la vereda Quebrada de Roque.
El informe hablaba de escenarios de riesgo por posible reorganización de estructuras armadas ilegales provenientes de las antiguas Auc del Magdalena Medio, con auge de la actividad minera aurífera y los cultivos de coca, que han reaparecido en Samaná.
El problema es más complejo de lo que parece y se dificulta porque la actividad se presenta en zonas de difícil acceso, sobre todo en el oriente de Caldas, por eso el reto de las autoridades es mayor.
En el análisis se recuerda un hecho de julio de 2018, cuando atentaron con arma de fuego contra tres hombres que se dedicaban a la minería de barequeo y a la pesca, en Norcasia.
La Unidad de Desarrollo Minero de Caldas explicó que el 6,54% del área del departamento cuenta con 367 títulos mineros inscritos en el Registro Minero Nacional. Es en 26 de los 27 municipios, a excepción de Marquetalia.
“76,8% de los títulos están clasificados como pequeña minería. Se tienen conformadas 5 áreas de Reserva Especial declaradas en la vereda San Gabriel, La Trina (Supía), Río Claro (Villamaría), La Dorada y la cantera Tapias; y cuatro subcontratos inscritos en el Registro Minero Nacional, en Marmato.
Añadió que la ANM estudia la viabilidad técnica de 56 solicitudes de legalización de minería y que los principales minerales explotados en Caldas son oro de filón, oro aluvial y materiales de construcción.
Según los registros del Sistema de Información Minero de Colombia, han reportado producción de oro, entre 2012 y 2019, Manizales, Marmato, Supía, Victoria, Riosucio, La Dorada, Chinchiná, Norcasia, Samaná, Villamaría, Neira, Palestina, Filadelfia, Aguadas, Anserma, Risaralda, Manzanares y La Merced.
“Fortalecemos la Escuela de Minas de Marmato, ofreciendo una amplia oferta educativa. Con el Sena capacitamos en manipulación de explosivos para actividades mineras, seguridad y salud en el trabajo.
Es difícil establecer cuántas minas y mineros ilegales existen en Caldas, pues cada que se les hace un operativo se desplazan a otro lugar, según las autoridades. Están suelen estar asociadas a bandas criminales. Sin embargo, la Escuela de Carabineros calcula unas 300 minas con unos 5 mil trabajadores ilegales. El trabajo es largo.
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Nota. Se quiso saber cuántos fueron judicializados o recibieron medida de aseguramiento. La Policía le trasladó la petición a la Fiscalía desde el 10 de junio, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
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