LA PATRIA | MANIZALES
El sacerdote Pedro Pablo Reinoso Marín no solo pagará 14 años de prisión por los delitos de desplazamiento forzado y rebelión en Florencia (Samaná), sino que ahora enfrentará una investigación por homicidio. Al acusado, la Sala de Decisión Penal en Descongestión, del Tribunal Superior de Manizales, le confirmó la sentencia que le dictó el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales, y a la vez le compulsó copias a la Fiscalía para que lo investigue por la muerte de Pedro Julio Quiceno Morales, quien fue su antecesor en la Rectoría de la institución educativa El Bosque, de Samaná.
Reinoso Marín, conocido con el alias de Pedro Plata, fue detenido en noviembre del 2011, cuando ejercía en la parroquia de Maltería en Manizales, y en el colegio de este sector.
Al sacerdote lo señalaron como colaborador del frente 47 de las Farc. Un profesor de Florencia lo denunció porque, según él, en marzo del 2007, les pidió ayuda a comandantes guerrilleros para hacer ir de esa zona al profesor Carlos Augusto Molina Granada. Según las investigaciones, Pedro Plata era, además, el encargado de adoctrinar a los subversivos con teorías marxistas y leninistas.
También lo señalaron de suministrar e ingresar a la zona armamento, munición, elementos logísticos y de intendencia como radios, insumos médicos y víveres para los subversivos. De igual forma, de programar misiones médicas para que atendieran a los guerrilleros heridos en combate.
"La Fiscalía mostró con pruebas contundentes las interceptaciones telefónicas de conversaciones entre el cura y miembros del frente 47 de las Farc. Por ello el juez encontró que Reinoso Marín fue el determinador del desplazamiento del docente Molina Granada, por medio de amenazas provenientes de los guerrilleros", señala la providencia del 29 de agosto pasado.
En su defensa, el sacerdote expresó que sus diálogos con los guerrilleros el Zarco, el Zorro y el Paisa eran para buscar la paz de la región. Añadió que las acusaciones de los comandantes de la Policía y el Ejército de la época fueron porque en público les hacía ver los errores que cometían con la población civil.
Aseguró que adelantó labores de inteligencia y le suministró información al gobernador, lo que ayudó después a la entrega de alias Karina. "Tanto, que me iban a postular a un premio nacional de paz. Les paran más bolas a lo que dicen los bandidos".
Para la Sala, la representación fiscal llegó a la verdad con testimonios desde adentro de la organización, donde sabían cómo colaboraba el padre.
"Era un distinguido líder comunitario de Florencia. No obstante, detrás de su aparente probidad y apego al clero se velaba un hombre para quien sus votos de castidad y obediencia no fueron su opción de vida, cuando se decidió no solo a procrear un hijo (concilió cuota alimentaria a favor de su hijo), sino a sostener un romance con una profesora del municipio, además de ser partidario de la causa insurrecta y activo colaborador del 47 de las Farc", señaló el documento.
De ese romance se desprende la historia que ahora tiene en otra investigación a Reinoso Marín. El docente Molina Granada, soltero, licenciando en ciencias religiosas, laboraba desde el 2007 en Dulce Nombre. Vivía en la casa cural y colaboraba con el despacho parroquial, pues fue compañero de seminario de Reinoso Marín. Aseguró el docente que advirtió la malicia que manejaban el cura y una profesora de nombre Marisol, a la que invitaba a confesarla en la torre y le enviaba flores. Eso se sumó a los comentarios de la gente en la calle.
Todo llegó a oídos del sacerdote, que acusó a Molina Granada de regar el cuento. En marzo de ese año, la rectora del colegio, Luz Dary Ruiz Ruiz, dijo que por orden de la guerrilla, tras un mensaje enviado a la Secretaría de Educación Departamental, Molina Granada debía abandonar el corregimiento.
Ante eso, el docente buscó hablar con el Paisa. Fue con tres personas más, entre ellas la rectora y Quiceno Morales. El Paisa le dijo a Molina Granada que no era por nexos con el Ejército, que podía trabajar tranquilo, "pero que se cuidara del cura". Al oír esto, Quiceno Morales expresó: "Eso se sabía".
Dos días después llamaron de nuevo de la Secretaría de Educación, pues el Zarco dio 24 horas para que el docente Molina Granada se fuera del corregimiento. Posteriormente, en juicio, aceptó su responsabilidad. En el expediente se explica que el secretario de Educación de la época, Alexánder Aristizábal Valencia, expresó que el traslado fue por amenazas y lo mandaron a la cabecera municipal. "La Sala encontró una clara intención del declarante de evadir el conocimiento del hecho y no comprometerse con el grupo ilegal, con el cual sí tenía algún vínculo, pues en interceptaciones telefónicas, el Paisa pregunta por Aléxander, a quien luego le pide que le envíe 10 paquetes escolares con el curita".
Añadió que el desplazamiento sí existió y que el responsable fue el sacerdote. Además, que le pidió al Zarco un pacto de silencio frente a su autoría en el desplazamiento, que se dio el 26 de marzo del 2007.
Por eso, dice la Sala, resulta sospechoso lo relacionado con la muerte de Quiceno Morales, predecesor del sacerdote en la Rectoría del colegio El Bosque, quien dejó el cargo en extrañas circunstancias para pasar a ser un docente más.
"Y que fue una de las personas de las que desconfiaba el párroco, ya que le indicó al docente víctima, en relación con la autoría del cura en su desplazamiento, 'que eso se sabía'". La información que el sacerdote le otorgó a Educación Departamental, con relación a la muerte de Quiceno Morales, es que fue un suicidio y nada tuvo que ver con la guerrilla. Por eso la Sala consideró pertinente oficiar a la Fiscalía para que se investigue la posible participación del procesado en la muerte del anterior rector. También pidió investigar a Aristizábal Valencia, por sus presuntos nexos con las Farc.
A esta decisión le procede el recurso extraordinario de casación.
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