Detenidos en La Merced, entre ellos el alcalde, afrontarán proceso en libertad

LA PATRIA | MANIZALES

Culminó el último día de las audiencias de control de garantías contra el alcalde de La Merced, Jhónatan Vásquez, su esposa, un expolicía y un exconcejal, señalados de lavado de activos, entre otros delitos.

La juez no acogió la solicitud de la Fiscalía de darles medida de aseguramiento y ordenó que afronten el proceso en libertad. Dijo que no se demostró por qué eran un peligro para la comunidad y merecían una medida. Tampoco por qué el concierto para delinquir vaya en contra de la seguridad pública y dijo que no hay respaldo probatorio suficiente. “Estar imputado de unos delitos graves, con penas altas, no significa restringir la libertad”, anotó la juez.

“Los mercedeños pidieron que estén libres, que son personas de bien. La solicitud de la Fiscalía de encerrarlos era una medida excesiva. No son un peligro para la comunidad”, dijo Jorge Duque López, abogado del exuniformado, al referirse a la marcha que hubo ayer en ese municipio.

Él fue el último defensor en pronunciarse hoy, antes de escucharse la decisión de la juez. Los otros, Jaime Andrés Novoa, Leimar Mosquera y Aristides Betancur, consideraron el viernes que la imputación era poco clara.

Estas personas ajustaron una semana detenidos por posiblemente enriquecerse a través del gota a gota y pagarles comisión a personas de bajos recursos, según la Fiscalía, para recibir giros de dinero desde el extranjero, que eran ganancias de ese negocio ilícito. O para que viajaran para llevar o traer dinero.

Los abogados indicaron que no se demostró la ida de algún ciudadano o la compra de los tiquetes aéreos para viajar al extranjero. “Se desmorona ese castillo. Ser prestamista o rentista de capital, sin superar las tasas legales, no es delito”, anotaron.

De la decisión

“La fluidez económica del alcalde no es tan amplia como para afirmar que aumentó su capital. Tiene una moto y un taxi afiliado a una cooperativa en Medellín, adquirido en 2015. Todo eso sumado a la venta de ganado y a los cultivos, lo que demuestra que no es tan evidente que esos movimientos financieros no puedan tener un origen lícito”, anotó la juez.

Sobre la esposa del mandatario, dijo la juzgadora, es rentista de capital y así está inscrita. Administra fincas de su papá, quien ha referido que la inscribió como vendedora de café y maneja asuntos generales de su familia. Tiene créditos y sobregiros en sus cuentas y préstamos recientes con varios bancos. Ha refinanciado créditos.

“Si tuviese incremento patrimonial no acudiría a tantos productos bancarios. La venta de café puede justificar esas consignaciones. La Cooperativa de Caficultores le ha hecho pagos a ella”, anotó.

Concluyó que sí hay justificación de esos ingresos, por lo que no puede deducirse que incurran en lavado de activos y enriquecimiento ilícito. De paso, el expolicía tampoco estaría involucrado en ese delito, acotó.

La juez expresó que sobre concierto para delinquir sí hay elementos que podrían comprometerlos, como las interceptaciones telefónicas, donde el expolicía contactaba personas que quisieran irse fuera del país y que les rendía cuentas al alcalde y la esposa. Que liquida lo que se ha movido en giros.

Explicó que en apariencia sí hay unos roles para mandar gente fuera del país. Del exconcejal aseveró que no se advierte que tuviese participación en ninguno de los delitos. El caso pasará a un juez de conocimiento.