LA PATRIA | MANIZALES

“Funcionaban como organización criminal”, comentó ayer un fiscal, al referirse al caso por el que detuvieron el pasado martes a Jhonatan Vásquez, alcalde de La Merced; su esposa; Arias, expolicía; y Leonel, exconcejal de esa población. Los procesan desde ese día por concierto para delinquir, lavado de activos en modalidad de pitufeo, favorecimiento y enriquecimiento ilícito.

Ayer fue el tercer día de audiencias preliminares con la imputación y la solicitud de medida de aseguramiento. Antes de que la juez les preguntara si aceptaban cargos, los abogados indicaron que la imputación era poco clara y que sus defendidos no estaban en capacidad de decidir si se allanaban o no, porque no entendían de qué los señalaban. Le pidieron a la juez no avalar lo narrado por la Fiscalía..

Pese a eso, la audiencia continuó. El alcalde dijo que no le quedaban claros los delitos de los que lo acusaban y no aceptó. Lo mismo hicieron los demás imputados.

Así fue

Todo este caso arrancó por un proceso por porte de estupefacientes relacionado con la banda Cordillera, de Pereira, donde les hacían seguimiento a las llamadas del ahora expolicía Arias. Fue así como se enteraron, el 30 de julio de 2018, de que el uniformado participaba en una banda, según el ente acusador, dedicada a conseguir personas para recibir giros del extranjero, producto del negocio del gota a gota. Sería socio del alcalde y su esposa.

“El mandatario y su pareja aumentaron su patrimonio de manera desmesurada en los últimos años. En el 2017 el alcalde tuvo movimientos o giros de dinero inusuales de $17 millones, $28 millones y $50 millones. Consignaciones fraccionadas de hasta $3 millones diarios, mediante corresponsales bancarios. Ella, hasta de $132 millones”, narró la Fiscalía, al tiempo que exponía imágenes de las transacciones de dinero de la pareja.

Anotó que el expolicía coordinaba el envío y recibo de dinero. Se mandaba plata a otros países, se prestaba mediante la modalidad gota a gota y luego se recibían esos dividendos a través de terceros contratados para ello. El ente acusador manifestó que conseguían personas de bajos recursos, que prestaban su cédula y su nombre para recibir giros de hasta $1 millón, que luego debían entregar en efectivo. Por eso recibían comisiones entre $30 mil $60 mil.

“Arias hacía referencia a todas esas actividades de compra de pasajes y envío de personas o correos humanos con dinero para actividades ilícitas (gota) en Ecuador, México, Chile. El dinero retornaba sin ser reportado a las autoridades. Aumentaron su patrimonio y se enriquecieron ilícitamente, no tienen cómo justificarlo. Lo deducimos por estudios contales responsables que adelantamos con investigadores”, dijo.

Por el alargamiento de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, la jueza que lleva el caso del alcalde de La Merced, su esposa, un expolicía y un exconcejal decidió suspender anoche, para el martes, a la 1:00 de la tarde, la continuación de este procedimiento en el que se definirá si quedan detenidos o libres, vinculados al proceso. Por ahora, los señalados quedaron encerrados en la URI de Pereira.

Los abogados rechazaron los señalamientos del ente acusador, lo tildaron falto de argumentos e indicaron que sí hay cómo sustentar el origen de los dineros de sus protegidos, especialmente del mandatario y la pareja. Consideran que solicitar la detención es una medida apresurada. Falta un abogado por exponer y la decisión del Juzgado.

 El organigrama

La Fiscalía dividió el organigrama en tres:

• *Dueños de la cartera. Propietarios del dinero, los giros y las cuentas. Aquí puso al alcalde y la esposa. “La idea era dejar el menor registro en sus cuentas. Recibían el dinero, a través de terceras personas, en efectivo”.
• *Reclutadores/captadores. El expolicía y el exconcejal. Encargados de reclutar personas o pitufos de bajos recursos para recibir los giros.
• *Pitufos o captadores menores (sin capturar). En ella se reseña a seis hombres y dos mujeres.

Pitufeo

Modalidad de lavado de activos para blanquear dineros mediante la fragmentación de grandes cantidades en pequeñas cantidades de dinero para que las autoridades no se enteren de los movimientos.

“No registran una actividad económica para validar esos ingresos o esos giros y depósitos recibidos”, Fiscalía.