LA PATRIA| MANIZALES
El investigador privado Juan Carlos González Otálvaro fue ayer el séptimo testigo en el juicio contra los cinco señalados como responsables de la muerte de 15 mineros en Riosucio, el 13 de mayo del 2015.
Él presentó los resultados obtenidos tras dos derechos de petición enviados a la Agencia Nacional de Minería (ANM). Eso pasó durante el tercer día de audiencias ante el Juzgado Penal del Circuito de ese Municipio. González Otálvaro contó que le respondieron en dos discos compactos y 42 folios.
Dijo que el 26 de febrero de 2013, Arbey Antonio Calvo Ayala (uno de los señalados) radicó la solicitud de formalización de minería tradicional, por medio de la web de la ANM y que le asignaron el expediente OBQ15462.
Mostró copia de la radicación del 13 de marzo del 2013, ante Catastro Minero Colombiano, en Medellín, “para cumplir con el Decreto 1970 del 21 de septiembre del 2012 (Código de Minas)”.
Calvo Ayala anexó informe técnico de explotación, planos topográficos, anexos comerciales (facturas y certificados) y carta de voluntad para restaurar, recuperar o compensar áreas protegidas.
“No nos llegó ningún documento en la respuesta que certifique visitas técnicas a la mina después de la solicitud”, dijo el investigador.
Enseñó otro documento de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación del la ANM, del 19 de mayo del 2014, que indica que entre los expedientes enviados por la Gobernación de Caldas, recibidos en Bogotá, está el de la solicitud de Calvo Ayala.
Archiva
El 13 de mayo del 2015, día de la tragedia, la ANM elaboró un informe de evaluación técnica, que se mostró ayer en audiencia, de lo que había pasado con esa solicitud.
Al día siguiente, la entidad requirió al dueño de la mina y el 7 de julio siguiente emitió la Resolución 1298, con la que dio por terminado, rechazó y archivó la solicitud de formalización minera tradicional, con expediente OBQ15462.
El 14 de julio le pidieron a Calvo Ayala que se acerque a la oficina del Grupo de Información y Atención al Minero, para la notificación personal de la Resolución. El 7 de septiembre le comunicaron la decisión de archivo a Corpocaldas.
De otro lado, se indicó: la Alcaldía de Riosucio reconoció que Calvo Ayala mandó una carta, el 11 de octubre del 2013, donde decía que la mina El Túnel era legal y que tramitaba la legalización ante la ANM, “lo que permite que se desarrolle la explotación, como lo dice el Artículo 165 del Código de Minas”.
Adicional, Corpocaldas les indicó que no existió en esa dependencia ningún trámite de evaluación de un plan de manejo ambiental asociado a esa actividad minera. “La evaluación y seguimiento de la seguridad es es competencia de la ANM”, contestó Corpocaldas.
El juicio continuará hoy. Son siete testigos de la defensa.
Lo primero
Lunes y martes se escuchó a seis testigos de la Fiscalía, entre mineros, un geólogo y un ingeniero electricista. Se oyeron frases como: “poseían instalaciones sulfatadas, no usaban cinta aislante”,”no tenían orientación topográfica que indicara que se podía meter el agua”, “no teníamos ni seguro, ni nada de eso. Laborábamos muy pegados al río”
Rescate
El 25 de mayo terminó el rescate de las 15 víctimas de la mina El Túnel.
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