LA PATRIA | MANIZALEZ
La exfuncionaria de la Empresa de Renovación Urbana de Manizales (ERUM), Diana Carolina Otálvaro Montes, y su esposo Edward González Gutiérrez, ayer estuvieron ante una juez de conocimiento en el proceso que se les sigue por peculado por apropiación y falsedad ideológica.
La pareja está implicada en el cobro de unos $ 80 millones, dinero público, para su propio beneficio. El pasado 11 de marzo los dos se presentaron ante la justicia y aceptaron los cargos que les imputó un juez de garantías.
Otálvaro Montes, estudiante de noveno semestre de contaduría de la Universidad de Manizales, fue la encargada de poner sellos, firmar y girar varios cheques de la ERUM, que posteriormente cobró su esposo de forma ilegal.
El delito ocurrió en 2011, pero el proceso se abrió en 2012 tras conocerse la denuncia, en la que aparece como demandante la misma ERUM. El dinero del que se apropiaron los esposos era para pagar las compensaciones a personas de bajos recursos afectadas por la renovación urbana en la Comuna San José.
Ella permanece en la cárcel de mujeres desde hace un mes, mientras que González Gutiérrez está en libertad, pues la pena a la que se expone es menor a la de su esposa. La diferencia radica en que él actuó como un particular, mientras que ella era servidora pública.
La audiencia realizada ayer, presidida por la Juez Tercera Penal del Circuito, fue para confirmarle a cada uno los cargos.
En el caso de la exfuncionaria debe responder por peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Su esposo será sentenciado por peculado por apropiación, en calidad de interviniente, y falsedad ideológica en documento privado.
La sentencia será proferida el próximo 29 de abril a las 8:30 de la mañana.
La defensa de los esposos acusados solicitó que Diana Carolina Otálvaro cumpla su pena en prisión domiciliaria. Pidió que se tengan en cuenta los quebrantos de salud de ella, quien necesita medicamentos luego de una cirugía del corazón.
De acuerdo con la ley colombiana, el peculado se define como la apropiación de bienes del Estado, por parte de un servidor público, en provecho suyo o de un tercero.
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