Confirmaron condena a militares y les aumentaron años de pena

Fotos | Archivo | LA PATRIA
Los dos jóvenes ejecutados en la vereda La Java de Manizales, por el Ejército, en febrero del 2008, eran de Pradera (Valle).

A siete militares implicados en dos ejecuciones extrajudiciales en Manizales les confirmaron la condena por los hechos. De manera adicional el Tribunal Superior aumentó los años que deben purgar.

De esta manera, se ratificó la sentencia condenatoria que impuso inicialmente el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Manizales. El juzgador determinó hace dos años y en primera instancia que la pena debía ser de 43 años y cinco meses de prisión para un oficial, y de 42 años y dos meses para un suboficial y seis soldados.

Los autores de los cargos de homicidio agravado y concierto para delinquir son el teniente José Arbey Peña Ramírez, el cabo Carlos Eduardo Mogrovejo Zapata, y los soldados Javier Albeiro Dorado Muñoz, Veimar José Ipia, Germán Bermúdez Carabalí, Alonso Iván Palacios Prado y Róbinson Ruiz.

El tiempo de condena se elevó a 47 años, por decisión del Tribunal Superior de Manizales. La defensa puede interponer el recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

El caso La Java

En el caso hay más implicados, entre ellos el mayor Josué Linares, quien para la época de los hechos (febrero del 2008) comandaba el Batallón de Contraguerrillas Mártires de Puerres.

Las víctimas fueron Darbey Mosquera Castillo y Álex Hernando Ramírez Hurtado. Los hechos más relevantes dentro de la investigación surgieron, en primer lugar, de la supervivencia de un tercer joven.

Su salvación providencial se debió a que al soldado encargado de dispararle le falló el fusil y no pudo accionarlo, lo que le dio tiempo de escapar.

En segundo lugar, el soldado profesional Eulices Quintana Llanos, que estaba en servicio en El Tablazo, cerca de la vereda La Java, donde se realizó el supuesto operativo, resultó siendo primo de uno de los dos muertos.

Tanto el sobreviviente como Quintana aún son testigos de la Fiscalía contra los militares. Están bajo protección. Los muchachos fueron traídos con engaños desde Pradera (Valle), el día anterior a la ejecución pernoctaron en Dosquebradas (Risaralda) y a la noche siguiente los ejecutaron.

El primo

El soldado profesional se enteró de la muerte de su primo y le reclamó al teniente José Arbey Peña. El oficial se asombró y lo envió a hablar con el mayor Linares.

Durante el proceso se conoció el siguiente relato recogida por la Fiscalía: "Cuando el mayor (Linares) se enteró que uno de sus soldados era primo de uno de los muertos, del supuesto resultado operacional, lo primero que hizo fue decirle a Quintana Llanos: 'usted no puede demandar, no puede denunciar este hecho, porque le va a causar problemas a sus compañeros del Ejército, inclusive puede ir gente a la cárcel'. Luego le ofreció enviarle una remesa a la familia de la víctima a Pradera y para ello le dio permiso al soldado".

Luego de la recomendación el comandante trató de ocultar el hecho. Entre sus objetivos estaba, según reza en el expediente, matar a Quintana, porque era testigo y en su condición de soldado profesional sabía no solo que la muerte de su primo no fue una baja en combate si no un falso positivo como otros casos de los que era testigo directo.

Comandantes y reclutadores

Aunque en el caso de las ejecuciones extrajudiciales de la vereda La Java el reclutador fue un soldado profesional, también figura en el proceso judicial Juan Carlos Arenas, condenado recientemente a 50 años por falsos positivos por el Juzgado Penal Especializado de Manizales, cuando el comandante del batallón Mártires de Puerres era el coronel Róbinson González del Río. Arenas continuó haciendo su labor de reclutador para el mayor Linares.

El hecho

Darbey Mosquera Castillo y Alex Hernando Ramírez Hurtado murieron en lo que el Ejército presentó como un combate registrado a la 1:00 de la mañana del 8 de febrero del 2008 en una carretera destapada de la vereda La Java, a seis kilómetros del casco urbano de Manizales.

--R1
La cifra
108
militares que sirvieron a la Octava Brigada entre el 2002 y el 2008 están vinculados a procesos judiciales por los denominados falsos positivos.