LA PATRIA | MANIZALES
El Tribunal Administrativo de Caldas confirmó la sanción de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que le impuso un juzgado, en primera instancia, al alcalde de Marulanda, Juan David Grajales.
La multa es consecuencia de un desacato a un fallo judicial, en el que incurrió el mandatario tras obligarse a adelantar las gestiones para que culminara la ejecución de un contrato de instalación de redes de gas domiciliario en el municipio.
Sin embargo, debido a los retrasos en las obras, contratadas desde el 2019, se interpuso una acción popular. Carlos Andrés Quintero Orozco formuló la demanda por la vulneración de los derechos colectivos a la la moralidad administrativa, el goce del espacio público y otros.
En una audiencia de pacto de cumplimiento, avalada en sentencia judicial por el Juzgado Primero Administrativo de Manizales, el 6 de mayo del 2021 el mandatario y la ejecutora del proyecto (Empresa Nacional de Servicios Públicos -Enserp-), se comprometieron a culminar los trabajos antes de seis meses.
El tiempo se cumplió el 6 de noviembre y todo seguía igual, lo que generó el primer desacato contra la empresa y la respectiva sanción por 20 salarios mínimos legales mensuales.
Al alcalde Grajales se le inició el incidente de desacato el 13 junio. El mismo juzgado le hizo requerimientos para que rindiera informes sobre sus gestiones para cumplir al fallo judicial, pero persistió en su renuencia y le sobrevino la sanción.
La decisión la revisó en trámite de consulta el Tribunal Administrativo de Caldas, como superior jerárquico del juzgado que en primera instancia declaró en desacato al alcalde.
El martes la corporación confirmó la sanción, ya que el municipio sigue con los rotos en las calles y los hogares ni siquiera gozan del servicio de gas domiciliario, advirtió el Tribunal.
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