LA PATRIA | MANIZALES

La pesadilla duró seis meses. Dos familias manizaleñas sufrieron no solo por la ausencia de sus seres queridos, sino porque no sabían cómo la estaban pasado. A ellos los detuvieron por comprar medicamentos en Venezuela, cada uno por un valor entre los $80 mil y $120 mil.

El pasado viernes pudieron, por fin, tener una audiencia y, según las familias, gracias a la mediación de la Personería de Manizales ante el Ministerio de Relaciones Exteriores se logró sacarlos de allá. Hace 15 días aplazaron la audiencia porque requerían la presencia de un funcionario del Consulado de Colombia en Venezuela. Intervenimos y finalmente designaron un delegado. El delito del que los acusaban era tráfico de medicamentos. Quedaron en libertad el viernes", explicó el personero, Juan Carlos Vásquez.

La situación fue difícil, pues consiguieron abogados, que tumbaron a una de las dos familias. Además, las audiencias se demoraban, los defensores no acudían y en el sitio en el que los recluyeron no se respetaban los derechos humanos, y tuvieron problemas con la alimentación, el hacinamiento y la falta de agua.

La familia de una de las manizaleñas, que no quiso dar su nombre, contó que esperan solo que les devuelvan los pasaportes para regresar al país. "Cuando nos contaron que quedarían libres todo fue euforia. Fue como una resurrección".

La mujer fue a Venezuela a comprar medicamentos, cremas y bloqueadores por valor de $80 mil, pues allá son más baratos. Consiguieron una abogada a la que le consignaron $4 millones, donde se incluía el pasaje de la detenida, pero se desapareció con el dinero. La nueva defensora sí se movió y logró la libertad, pues demostró que la caldense compró los medicamentos porque realmente los necesitaba. Ahora en estas dos familias manizaleñas todo es alegría y solo esperan la sorpresa mayor: la llegada a su casa de sus seres queridos.

Es delito

El 20 de agosto del año pasado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mostró en televisión imágenes de comida, gasolina y medicamentos incautados por la Guardia Nacional en la frontera con Colombia. Eran los resultados de su plan de choque militar para frenar el contrabando, que se inició luego de la reunión con el gobierno colombiano tres semanas antes en Cartagena.

Su trabajo se enfoca especialmente en combatir el contrabando de medicamentos, aunque no quedó muy especificado en la reunión con Juan Manuel Santos. Por eso entrar o sacar medicamentos es considerado delito.