LA PATRIA | MANIZALES
Pasado un mes desde que el patrullero Ángel de Jesús Zúñiga Valencia se negó a participar en un desalojo ordenado por la Alcaldía de Cali, el abogado de origen caldense Augusto Alfonso Ocampo Camacho cuenta con la estrategia defensiva.
Aclaró varios aspectos relacionados con la actual situación del uniformado y los cargos que eventualmente enfrentará.
En diálogo con este medio, desmintió las versiones según las cuales Zúñiga se encontraría aislado, detenido, sometido a malos tratos y riesgo para su integridad.
Como su defensor aseguró todo lo contrario. La institución policial en Cali, a donde se encuentra asignado, lo relevó de la vigilancia en un CAI móvil y lo trasladó a un cargo administrativo.
Agregó que cuenta con acompañamiento psicológico tras cuatro días fuera de servicio. Por lo tanto no hay amenazas en cuanto a su vínculo con la institución.
El proceso
Ocampo Camacho indicó que la investigación en la que está inmerso el patrullero es de orden disciplinario y la adelanta la dependencia competente en Cali. Cerca de seis meses duraría esa etapa del proceso, que encuadra en un presunto incumplimiento de una orden.
El régimen disciplinario de la Policía Nacional contempla que la orden proviene de un superior con autoridad, pero que también debe ser “legítima, lógica, oportuna, clara, precisa y relacionada con el servicio o función”.
Así lo consigna la Ley 1015 de 2006. En este punto el defensor señala que la misma norma contempla las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria como es la protección de “un derecho, propio o ajeno, al cual deba ceder el cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad”.
La argumentación jurídica expresada por el abogado resalta que la decisión de Zúñiga Valencia fue la adecuada. “Se comprometió a defender la Constitución y la ley, y eso hizo”.
Solidaridad
El abogado del patrullero Zúñiga confirmó que el uniformado recibe constantemente señales de apoyo y solidaridad, algunas provenientes del mismo Congreso de la República. El uniformado es reconocido como integrante del resguardo de Totoró en el Cauca, en donde las autoridades indígenas están atentas a la evolución del proceso.
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