Julián García y B. Eugenia Giraldo
LA PATRIA | CHINCHINÁ
Ningún hospital puede negar el servicio de Urgencias a la población venezolana residente en el país o que está de paso. También hay una atención preferencial para los menores de cinco años, las gestantes y adultos mayores.
Caso contrario sucede si el tratamiento es para enfermedades de alto costo. En esta caso, se requiere el Permiso Especial de Permanencia (PEP).
Pero, ¿quién paga a los hospitales por los servicios de hospitalización y cirugía que brindan a esta comunidad?
Un caso concreto se da en el Hospital San Marcos, de Chinchiná, que en promedio recibe a siete pacientes inmigrantes al mes. El problema, según Ricardo Campusano, director científico del centro asistencial, es que de 80 venezolanos que alberga el municipio vecino, 70 están sin documentación, en su mayoría consultan por fracturas múltiples, obstrucción intestinal, apendicitis u otras enfermedades.
“Atendemos a cinco madres gestantes, les hacemos los controles prenatales y les atendemos el parto. Luego facturamos estos servicios a la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) y el problema es esperar que pague".
Añade que el Hospital de Chinchiná, que es de mediana complejidad, arrastra una cartera de unos $14 mil millones y le suma $120 millones que deja al año la atención a los venezolanos, lo que pondría al centro asistencial en riesgo fiscal para el 2019.
En Manizales, por ejemplo, la secretaria de Salud, Diana Patricia Grisales, comenta que a la fecha han atendido 22 partos de venezolanas en la Clínica San Cayetano de Assbasalud y que en este momento tienen identificadas a 43 mujeres en estado de gestación, servicio que se garantiza así no tenga PEP.
Agrega que también hay una población especial que deben atender, que son menores de cinco años y adultos mayores y entre ellos revisan el caso de las enfermedades de alto costo para definir la atención; sin embargo, admite que hay una dificultad porque deben estar afiliados al sistema de salud y para ello se requiere el PEP.
Adriana Ramírez, subdirectora de prestación de servicios de la DTSC, manifiesta que como ente territorial le corresponde la cancelación de los servicios de la atención de Urgencias, pero aclara que lo que han encontrado es que hay una población que no está legalizada y que desafortunadamente para las instituciones prestadoras de salud se convirtió en una dificultad al asumir las atenciones que ellos demandan.
Ramírez aclara que el Gobierno dio una directrices a los prestadores para que reporten la atención de dichos extranjeros, pero que es vital que genere una política nacional sobre cuáles son los servicios y a quién se les debe facturar.
Germán Montoya, director ejecutivo de la Fundación Sin Fronteras Manizales, reconoce que en Manizales la atención para los venezolanos es buena, pero recalca que dadas las condiciones de infancia, embarazo o urgencia prioritaria en Villamaría hay problemas para acceder al Sisbén.
"Para que los atiendan en la oficina del Sisbén o en el Hospital deben presentar el PEP o el pasaporte sellado. Hace días una persona mayor tuvo un accidente y porque no tenía los papeles en regla le negaron acceso al sistema y tampoco le prestaron atención en el Hospital San Antonio de Villamaría".
Caso contrario sucedió en el Hospital Santa Sofía, donde llegó un paciente venezolano que no tenía documentos y requirió una cirugía en una mano. "Era una operación que costó entre $5 millones u $8 millones o más y lo atendieron".
Montoya coincide con la subdirectora de prestación de servicios de la DTSC, Adriana Ramírez, en que falta una política que defina quién asume el costo de estas atenciones y espera que para el 2019 quede lista y planear el trabajo con el Gobierno y ONU.
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La cifra de venezolanos en Caldas podría llegar a mil 500. En Manizales, son por lo menos 800, pero hay entre 400 y 500 que están indocumentados y temen ser deportados.
La población que tenga el Permiso Especial de Permanencia cuenta con tres mecanismos para acceder al sistema de salud:
1. Como cotizante del régimen contributivo (empleado)
2. Como trabajador independiente
3. Las personas que no tienen recursos para cotizar solicitan acceso al Sisbén.
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