Julián García
LA PATRIA | CHINCHINÁ
La falta de medicamentos fue lo que obligó a los esposos chinchinenses Jairo Reyes y Mariela Cano a regresar de Venezuela. Él, de 67 años, requiere de una dosis diaria de insulina y en el país vecino, conseguirla es imposible.
Hace dos meses Jairo tuvo que suspender el tratamiento y sostiene que no ha podido ir al médico, porque no tiene con qué. El mes pasado arribaron a Chinchiná.
“En Venezuela sí hay medicamentos, pero los acaparan y luego los revenden”, dice Jairo, quien aprovechó la visita del director regional del Departamento de la Prosperidad Social (DPS), Jorge Orlando García, al Concejo de Chinchiná, para exponer su caso. El funcionario se comprometió a solucionarlo cuanto antes.
Mariela tenía un taller de costura en San Cristóbal, estado Táchira (Venezuela) y Jairo trabajaba en la construcción. Ambos son ciudadanos colombo-venezolanos, con más de dos décadas de residencia en ese país. Estaban afiliados al Seguro Social de Venezuela, hasta que se regresaron a Colombia. El seguro es gratuito y funciona en todos los estratos, hace parte de la política social implementada por el expresidente Hugo Chávez Frías.
Saludables
Jairo empezó a perder la visión en abril del 2014, justo dos meses después de los disturbios entre el Gobierno y la oposición. La diabetes y la falta de insulina, poco a poco afectaron su organismo. “Qué iba a hacer, si los médicos recetan, pero no se consigue con qué aliviar la enfermedad”, admite.
La situación se tornó peor, hasta que hubo un desabastecimiento de insumos médicos. Los laboratorios clínicos de algunos hospitales dejaron de atender por falta de reactivos, en otros centros de salud solo se prestaban servicios de urgencia vital.
Por esa época, Jairo podía durar días enteros buscando insulina en las farmacias, pero no la hallaba. Para completar, este año tenía programadas tres cirugías de los ojos, órgano afectado por la diabetes, pero no se las pudieron hacer por falta de anestesia.
Comenta que en diciembre lo hospitalizaron en el Seguro Social, pero solo le dieron unas pastas y le aplicaron suero, no había más. “Una pastilla de insulina sublingual puede costar en el mercado venezolano unos 2 mil bolívares, cerca de $4.700 colombianos”.
Cuentan que para salir de Venezuela, debieron sacar un salvoconducto y pagar un médico particular que certificara su estado de salud. Vendieron los enceres y con ese dinero llegaron hasta la frontera con Colombia. Un hijo les mandó los pasajes para llegar a Chinchiná. “Ahora con la Asamblea Nacional las cosas se agravaron más. A los que salen los reseñan en la frontera y no puede regresar”, contaron.
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Los pacientes diabéticos, es decir, aquellas personas cuyos organismos son incapaces de regular el azúcar en la sangre, dependen de la insulina, una hormona que tiene un papel crucial en el proceso metabólico y es producida por el páncreas.
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Tras el cierre de la frontera el año pasado, el presidente, Juan Manuel Santos, anunció auxilios de vivienda, salud, educación y empleo para las personas deportadas de Venezuela. Además, las mujeres mayores de 55 años, y los hombres de 57 tendrían derecho al subsidio del Adulto Mayor.
Para recibir el beneficio, los interesados deben certificar que residieron en Venezuela durante los últimos 10 años, además de contar con una valoración médica.
Desde el pasado sábado los gobiernos de Venezuela y Colombia acordaron la apertura gradual de cinco puntos en la frontera. La mayoría de venezolanos acuden a Colombia para comprar alimentos y medicinas.
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El director regional de la DPS, Jorge Orlando García, anunció en Chinchiná más incentivos de salud para niños vulnerables, acompañamiento de las coogestoras sociales para 990 familias, entrega de incentivos económicos de 98 unidades productivas y fortalecimiento de la Red Unidos.
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