Políticas en salud mental

Cuando nos referimos en general al concepto de “una política”, empleamos la duodécima acepción del diccionario de la Real Academia: Orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado1. En un sentido más estricto, una política pública se define “una directriz que un Estado, considerado autoridad legítima del sistema social, que impone al colectivo como manera de proceder frente a un asunto específico que ha sido reconocido como de interés público”2

Ahora bien, ¿qué entendemos por salud mental?, El ámbito de discusión para este concepto está abierto, reflejando la gran complejidad del asunto; por lo que me limitaré para este texto a desglosar la más ampliamente aceptada que es la de la Organización Mundial de la Salud (OMS)3: La salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.

Entendida así la salud mental, se identifica en la medida que una persona se encuentre adaptada a sus distintos entornos de funcionamiento, intrapersonal, interpersonal (familiar, social, etc.) en áreas productivas (académica, laboral, etc.). Las implicaciones de este concepto superan el alcance de este documento, pero no puedo dejar de enunciar que se alinea con la mayoría de manuales diagnósticos vigentes (DSM, CIE, APAL, etc.).

Ahora, uniendo los dos conceptos anteriores tenemos claro que una política en salud mental es aquel documento guía, que establece los lineamientos para que el estado, las entidades, las instituciones prestadoras de servicios de salud e incluso la comunidad en general, establezcan prioridades y acciones consecuentes, con el fin de mejorar o mantener la salud mental de los beneficiados en el alcance de dicha política.

A nivel regional se encuentra que desde finales del siglo XX y principios del presente, Colombia, Paraguay, Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil y Perú iniciaron el proceso de elaboración de sus políticas en salud mental. Esta situación se enmarca en el contexto mundial, donde la OMS y la OPS (organización panamericana de la Salud) conceptúan desde los años sesenta la salud mental como un derecho. Este avance se hace claramente evidente en nuestro contexto regional, en la primera década del año 2000 cuando la OPS apoya los procesos de reforma que se venían presentando en el campo de la salud mental, estimulando a los distintos estados a desarrollar programas nacionales de salud mental y a modernizar la legislación y protección de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y sus familiares(4).

A nivel nacional tenemos vigente la Ley 1616 de 2013 conocida como la Ley de Salud Mental y que se articula con la Resolución 2358 de 1998 con la que el Ministerio de Salud estableció la política de salud mental que a su vez tiene su más reciente actualización en 2014.

Los objetivos centrales de la Política de Salud mental Colombiana son promover la Salud Mental en el país y prevenir los trastornos mentales mental y mejorar el acceso, cobertura y calidad de la atención en salud mental en todas sus fases, para las que propone desplegar las siguientes estrategias: fortalecer la promoción de la salud mental, prevenir y detectar precozmente los trastornos mentales, calidad y equidad como principio fundamental de la atención, coordinación de la gestión intra e intersectorial, prevención del uso de sustancias psicoactivas, establecer mecanismos de seguimiento, control y evaluación.

A nivel local, La Dirección Territorial de Salud, en representación de la Gobernación de Caldas y en conjunto con La Universidad de Caldas, La Universidad de Manizales, Universidad Católica, Universidad Autónoma, CINDE y la Clínica San Juan de Dios, publican en 2017 el despliegue de la Política de Salud Mental de Caldas (5), en un documento didáctico, basado en una exhaustiva investigación y descripción del estado actual de la salud en Caldas, que se alinea con la Política Nacional y que esperamos pronto empiece a ser aplicada y sus frutos se hagan evidentes en beneficio de los pacientes y sus familias.

Como se hace evidente, y al igual que en otros escenarios Colombia destaca en lo amplio de sus leyes y políticas, lamentablemente esto no suele ser congruente con la destinación de recursos y con las capacidades del sistema para adaptarse a dichas políticas, sin embargo, el simple hecho de que al menos contemos con los lineamientos ya nos pone por encima de otros países de la región que no solo tienen dificultades al igual que nosotros por los recursos, sino por la carencia incluso de los lineamientos. En este mismo contexto no se puede dejar de resaltar que aún con las dificultades de nuestro sector salud, al menos contamos con un aseguramiento casi universal por lo que todos los Colombianos, sea como vinculados, subsidados o por el régimen contributivo podemos acceder a dicho sistema de salud, lo que es un gran avance con respecto a otras latitudes y momentos de nuestra propia historia.

Fuentes

1. http://dle.rae.es/?id=Ta2HMYR

2 Gómez Arias R. Manual de Gestión de Políticas Púbicas y Salud - Cap. 4: Aspectos Operativos. Medellín: Universidad de Antioquia, Facultad Nacional de Salud Pública; 2011.

3. http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/

4. Henao S, Quintero S, Echeverri J, Hernández J, Rivera E, López S. Políticas públicas vigentes de salud mental en Suramérica: un estado del arte. Rev. Fac. Nac. Salud Pública 2016; 34(2): 184-192.

5. Saldarriaga, G. Giraldo, C. Delgado, L. et al. Política pública de Salud Mental del departamento de Caldas: Un aporte al bienestar y a la inclusión. Ed UAM. 2017. Disponible en http://observatorio.saluddecaldas.gov.co/desca/saludm/Pol%C3%ADtica%20de%20salud%20mental%20de%20Caldas.pdf

Por: Juan Castro Navarro

Médico Psiquiatra

Director Científico Clínica San Juan de Dios Manizales

Docente de pre y posgrado Universidad de Caldas