LA PATRIA l Manizales
Durante 10 años la directora científica del Hospital San Isidro, Sandra Liliana Hurtado Silva, no podrá desempeñar funciones públicas por falsedad de documento. Así lo determinó la Personería de Manizales.
La mujer presentó un diploma de especialista en Administración en Salud con Énfasis en Seguridad Social, de la Universidad de Antioquia. A mediados de marzo, después de que los medios pusieran en duda la veracidad del documento, la Personería puso en marcha la investigación.
La Personería informó que dentro de los recursos probatorios está un oficio con fecha del 23 de marzo del 2021, suscrito por el Coordinador de Sección Técnica de Información, del Departamento de Admisiones y Registro de la Universidad, el cual señala que la funcionaria investigada no registra como estudiante o graduada de ningún programa de la academia e igualmente copia de la hoja de vida suministrada por el Hospital San Isidro que permitieron probar que la información y documentación no correspondían a la realidad.
El fallo indica: "Partiendo del amplio material probatorio luego de un proceso que ha adelantado por más de un año el Área de Vigilancia Administrativa y Disciplinaria de la Personería de Manizales se califica como falta gravísima consagrada en el numeral 56 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, y que el título de la imputación subjetiva fue a título de dolo, decisión que se mantiene en este Fallo de Primera Instancia fundamentada en el hecho de que la investigada además de conocer las condiciones y exigencias del cargo, la misma realiza un proceso consciente de la búsqueda de los soportes que darían cuenta que reúne las condiciones para ser nombrado en determinada entidad usando de manera consciente y voluntaria documentos que hicieran las veces de diploma y acta de grado para pretender demostrar dentro del proceso de vinculación a la entidad que había obtenido el título ya mencionado".
El Personero de Manizales, Fernando Arcila, le impone la sanción de Destitución e Inhabilidad general por el término de 10 años para desempeñar funciones públicas.
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