Equipo Salud
LA PATRIA | Manizales
En Caldas, cinco gerencias de hospitales departamentales y 11 municipales tienen aún directivo encargado. Esperan que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancione la ley que elimina el concurso de gerentes por meritocracia, aprobada el pasado 16 de junio por el Congreso.
El artículo 20 del Proyecto de Ley que dicta las disposiciones que regularán la operación del Sistema General de Seguridad Social en Salud decreta que será el presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes los que elegirán al gerente para estas entidades.
Aunque los directivos encargados cotizaron en las universidades acreditadas para el concurso, acordaron con las juntas directivas esperar, luego de conocer sobre el proyecto que hacía curso en el Senado.
El Hospital Departamental San Rafael de Risaralda es el único en Caldas, de los 16 pendientes, en el que la gerente, Gloria Patricia Ríos Barahona, lleva 20 años en la institución y está en retén pensional, porque le faltan dos años y cuatro meses para pensionarse, lo que según el director de la Territorial, Gerson Bermont Galavis, hay que respetarle.
Sin embargo, la gerente manifestó que sigue pendiente de lo que decida el gobernador, Guido Echeverri.
Contradictorio
Ludivia Grisales, vicepresidenta del Sindicato de la Salud en Caldas (Sindess) y miembro de la junta directiva de Sindess Nacional, califica como contradictoria la decisión del Gobierno y aduce que todos los empleados públicos deberían ingresar por meritocracia.
Sin embargo, admite que para los trabajadores y los hospitales estos concursos se tornaron un foco de corrupción y denuncia: “Las pasadas elecciones de gerentes muchas fueron compradas y no por meritocracia, lo que le costaba un platal a los centros asistenciales”.
Grisales opina que no es justo y tampoco rentable que un hospital destine entre 25 millones a 30 millones de pesos para un concurso que termina siendo amañado para elegir a dedocracia el que tienen asignado. “Muchos de esos gerentes ingresaron por estar vinculados a un grupo político, diferente al del alcalde o gobernador, lo que produjo choques administrativos. Con esto, las alcaldías casi que les restringían los pagos y dejaban en crisis a los hospitales, porque el flujo de recursos ya no era el mismo, así presionaban para obligarlos a renunciar”.
Pese a esto, la líder sindical reconoce que hubo otros centros que lograron una buena comunicación con el alcalde o gobernador, lo que se evidenció en obras e inyección de recursos.
Mejor
Aunque la líder sindical menciona que no es un secreto que los hospitales son un foco de politiquería y corrupción y que ahora hay un número considerable de empleados que está por cuotas políticas, es optimista que con este cambio en la designación de gerentes tanto las alcaldías como la gobernación procuren sacar adelante las instituciones.
“No deja de preocuparme lo que se viene porque a dedocracia se van a dar muchas cosas y en este casos no sabemos qué es mejor”, aclara.
El diputado liberal Jorge Hernán Aguirre califica la medida como “volver a lo mismo” y argumenta que el gobernador y el alcalde sí deberían tener ingerencia en la selección al menos de la terna para gerentes de hospitales.
Aguirre se muestra en desacuerdo con que el representante del municipio o del departamento decida de manera directa quién va a quedar en el cargo y explica: “Si decide quién va a quedar en la terna, la junta directiva puede escoger de ese grupo y como el gobernador o el alcalde son uno más en la junta directiva, cuando se someta a votación, puede que gana el que eligió el dirigente u otro de la terna, es decir no se les deja con la voluntad por fuera, pero tampoco queda haciendo lo que ellos quieren”.
Agrega que no hay que olvidar que quienes tienen la plata en el municipio y el departamento son los alcaldes y gobernadores “y lo mejor es dejarlos participar”.
Por cuatro años
Con esta nueva ley con la que se espera afrontar un nuevo panorama en el sector salud, los gerentes o directores serán nombrados para periodos institucionales de cuatro años, el cual empezará con la posesión y culminará tres meses después del inicio del periodo institucional. Dentro de este, solo podrán ser retirados del cargo con fundamento en una evaluación insatisfactoria del plan de gestión.
Para concurso
Las instituciones que se encontraban acreditadas para efectuar el concurso son la Manuela Beltrán, Pamplona, La Sabana y la Universidad de Medellín; esta última fue la única que quedó como garante, debido a que la Manuela Beltrán y la de Pamplona se declararon inhabilitadas para dicho proceso.
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