JULIÁN GARCÍA
LA PATRIA | CHINCHINÁ
En una manzana de la discordia entre el Concejo y la Alcaldía de Chinchiná se convirtió el proyecto de acuerdo 25 del 2020, con el que el alcalde, Eduardo Andrés Grisales López, solicitó autorización a los concejales para comprometer vigencias futuras ordinarias y con ellas adquirir pólizas de seguros para dicha corporación.
A versión libre llamó la Procuraduría Provincial de Manizales a cinco concejales y a un exconcejal, que al parecer omitieron un trámite antes de llegar al debate en plenaria del proyecto 25. El 17 de septiembre les abrió investigación disciplinaria y ordenó la práctica de pruebas en un término inicial de 12 meses. “El proyecto lo devolvieron sin que lo hubieran sometido a la discusión en comisión”, dice el alegato de la Procuraduría.
La denuncia la presentó el propio alcalde el 22 de enero de este año, como consta en el documento con radicado 2021-032916 de la Procuraduría.
Los involucrados
Investiga a los concejales Wilson Andrés Castaño Cano y John Jairo Mejía Giraldo, del Partido Liberal; Daniela Parra Botero, de Colombia Renaciente; Pedro David Sánchez Medina (actual presidente del Concejo) y José Gustavo Zuluaga Ramírez, del Partido de la U.
La Procuraduría involucró también en el proceso a Óscar Gallego Castrillón, de la U, quien renunció a la curul en febrero del 2020 para que asumiera Jair Arenas Ruiz (fallecido en abril de este año). Cabe anotar que Gallego Castrillón ya no fungía como concejal cuando presentaron el proyecto 25.
Los concejales Mejía Giraldo, Parra Botero y Gallego Castrillón integraron la Mesa Directiva de la corporación en el 2020, y Castaño Cano, Mejía Giraldo, Sánchez Medina y Zuluaga Ramírez conformaban la Comisión Segunda Permanente.
“El primer debate del proyecto 25 debió surtirse en noviembre del 2020, en tanto el proyecto fue radicado en la Secretaría del Concejo el 30 de octubre, pero esto no aconteció”, añade el expediente.
Dato
Que vinculen a una investigación a estos concejales no quiere decir que sean responsables. Será la Procuraduría la que tras investigaciones determine si hubo alguna falta.
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