El afán por obtener su Nobel de Paz ha causado que el Gobierno soslaye las problemáticas que, en cualquier nación democrática y atenta a los derechos humanos, serían las realmente prioritarias. La salud, la seguridad, la economía, la educación y la justicia están en caos, y la institucionalidad tambalea por cuenta de la corrupción y del alcance de lo pactado con el terrorismo. Pero, en el sombrío panorama de necesidades urgentes desatendidas, la crisis de la inseguridad alimentaria y las muertes por desnutrición, especialmente de nuestros niños, constituyen, sin duda, la mayor tragedia.
El Tribunal de Cundinamarca lo ha reconocido recientemente, al evaluar la posibilidad de decretar la emergencia económica para poder, a través de decretos-ley, vislumbrar soluciones a este drama. Ojalá esta emergencia hubiera cubierto no solamente a La Guajira, sino también a otros departamentos, como Chocó, Vichada y Vaupés, donde esta problemática es tan preocupante como en la península del Norte, realidad que diagnosticamos y que hemos denunciado desde antes de nuestra llegada al Congreso. Pero el Gobierno nacional ha anunciado que no hará uso de este recurso último.
Con base en la evolución y el impacto de Maná, en Antioquia (proyecto bandera de mis hermanos Guillermo y Aníbal), y en programas similares desarrollados en países como Argentina, España, Chile, entre otros, en la misma semana de mi posesión como congresista, presenté un proyecto de ley que resolvía la problemática de la inseguridad alimentaria en Colombia, donde, articulando todas las instancias que tienen que ver con esta materia, se creaba un sistema y una agencia que coordinarían todos los niveles e instancias responsables, para darle la proyección y la gestión adecuada en un país que, en lugar de padecer la mencionada crisis, debería ser una potencia alimenticia, por su riqueza hídrica, por su biodiversidad y por la inmensa ventaja de poder producir alimentos durante todo el año. El proyecto, cuyo funcionamiento no implicaría rubros adicionales al erario, entregaba, además, las herramientas para garantizar la transparencia en los procesos e impedir la corrupción, que todos los días nos ofende, en las contrataciones de la alimentación infantil, escolar y comunitaria.
El proyecto, que logró el apoyo de todos los partidos, finalmente, ya en el cuarto y último debate, en junio del año pasado, fue hundido por presiones y celos del Gobierno (recuerden el plagio que del proyecto hizo la ministra Parody y las acciones ilegales del DPS para bloquearlo, que denuncié ante la Procuraduría General de la Nación).
Sin embargo, no nos dimos por vencidos y, en esta legislatura, con el apoyo irrestricto del Ministerio de Salud (el ministro firmó como coautor) presentamos de nuevo el proyecto. A pesar de este respaldo, el trámite de esta iniciativa avanza a paso lento en la Cámara de Representantes, mientras siguen muriendo de hambre nuestros niños y mientras, como hemos comprobado en las ya más de trece brigadas de salud que hemos llevado a cabo en la Guajira y el Chocó, no hay ningún avance en el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la CIDH para salvar a nuestros niños wayúu (recientemente extendidas también a madres gestantes y lactantes).
Como miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y de la Comisión Séptima (responsable del tema de la salud) y como coordinadora nacional del Frente Parlamentario Contra el Hambre, he tratado, por todos los medios, de que el Gobierno entienda la importancia y la pertinencia de las herramientas de este proyecto. Por ello, hoy, en medio de la angustia que me produce la situación de nuestra niñez, cedo al Gobierno mi proyecto, para que el presidente de la República utilice las propuestas en él incluidas como insumo para un decreto ley que resuelva, con la mayor prontitud, esta crisis que se ha agravado tanto, tras siete años del gobierno actual. 
Solamente a través de esta medida que haga implementar, con toda celeridad, las estrategias que hemos propuesto, se avanzaría al ritmo necesario para evitar que sigamos perdiendo, por motivo del hambre, eso que tiene que ser el objeto más preciado de la atención estatal: la niñez, el futuro del país.